En un momento crucial para su futuro judicial, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha salido al paso de las acusaciones que lo señalan de presunto soborno a testigos. El exmandatario fue enfático al desmentir haber usado a su entonces abogado, Diego Cadena, para influir en testimonios. “Pagué honorarios al doctor Cadena, nunca para pagar testigos”, afirmó Uribe, recalcando su posición de inocencia en el complejo proceso que se le adelanta.
Además, Uribe se refirió directamente a las declaraciones de la fiscal Marlenne Orjuela, quien supuestamente indicó que el expresidente había aceptado que un lote entregado para el pago de honorarios también incluía dineros destinados a testigos. “Esto es absolutamente contrario a la verdad”, puntualizó el exmandatario, desmintiendo de plano dicha afirmación y reafirmando que cualquier pago realizado a su defensa fue exclusivamente por servicios legales legítimos.
El caso Uribe: ¿Por qué es imputado?
El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso judicial por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La investigación, que ha tenido un largo recorrido judicial, se originó en 2012 a raíz de una denuncia que el propio Uribe interpuso contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, al investigar la denuncia, encontró indicios de que la manipulación de testigos habría provenido del entorno de Uribe.
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Las acusaciones centrales se refieren a presuntos esfuerzos por parte del expresidente, a través de terceros, para conseguir que exparamilitares y otras personas cambiaran o retractaran sus declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares. El delito de fraude procesal se suma al considerar que estas acciones habrían tenido como fin engañar a la justicia y afectar la integridad de las investigaciones en curso.
El caso, que inicialmente estuvo bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y llevó a Uribe a una detención domiciliaria en 2020, pasó posteriormente a la Fiscalía General de la Nación tras su renuncia al Senado. Tras varios intentos fallidos de la Fiscalía por solicitar la preclusión (cierre del caso), el proceso avanzó a la fase de juicio oral en mayo de 2024.
La relevancia de este proceso es tal que el país está a la expectativa de la decisión judicial. La juez del caso anunciará el sentido de fallo el próximo 28 de julio, una fecha clave que determinará si el expresidente es condenado o absuelto de los cargos que se le imputan.