Desde el pasado 1° de julio, las reglas del juego laboral en Colombia cambiaron significativamente. La entrada en vigor de la reforma laboral exige a más de 1,5 millones de empresas formales del país aplicar nuevas tarifas de recargos dominicales y festivos, además de la reducción de la jornada semanal. Aunque algunos empleadores aún tienen dudas sobre cómo aplicar los ajustes, las normas ya están vigentes y deben cumplirse.
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Uno de los puntos clave es el incremento progresivo del recargo dominical, que subió del 75 % al 80 %. Para julio de 2026, el valor será del 90 %, y en 2027 alcanzará el 100 %. Esto impacta directamente en el salario que deben recibir quienes laboran en días tradicionalmente destinados al descanso.
Por ejemplo, un trabajador con salario mínimo ($1.423.500) recibía antes $10.831 por hora dominical. Ahora, con el nuevo recargo del 80 %, esa cifra subió a $11.140, y se espera que para diciembre aumente a $11.646, con la jornada reducida a 44 horas semanales.
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¿Y qué pasa con la jornada nocturna?
La reforma también contempla un cambio en el horario de recargo nocturno. Actualmente inicia a las 9:00 p. m., pero a partir de enero de 2025 comenzará desde las 7:00 p. m., elevando así el número de horas que deberán pagarse con sobrecargo. Por ahora, un trabajador nocturno gana $8.355 por hora con recargo, y esa cifra subirá a $8.735 en pocos días, cuando se ajuste la jornada laboral.
¿Qué hacer si el empleador no paga lo justo?
El Ministerio de Trabajo ha dispuesto canales formales para denunciar cualquier incumplimiento de la nueva ley:
- Presentar una solicitud directa al empleador para corregir la omisión.
- Elevar una queja al Ministerio del Trabajo llamando al 01 8000 513 100 o a la línea 120 desde celular.
- Acudir al inspector de trabajo, a la Defensoría del Pueblo, o al Personero Municipal.
- En casos que impliquen el pago de prestaciones sociales, es necesario presentar una demanda ante un juez laboral.
“El trabajador podría presentar una demanda ante un juez laboral, para que el empleador sea condenado a pagar los recargos correspondientes”, explicó Darío Ramírez, socio de la firma Serrano Martínez CMA, a El Colombiano.
Nuevos derechos y más protección
Además de los recargos, la reforma trajo medidas que refuerzan la protección laboral frente a la discriminación y los despidos injustificados. Se prohíbe el despido sin justa causa, y se establecen garantías mínimas para los procesos disciplinarios, que deben incluir una explicación por escrito, el derecho a la defensa y la posibilidad de impugnación.
La ley también blinda a poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas y personas con enfermedades físicas o mentales, impidiendo su desvinculación por razones médicas o de salud mental. Las empresas deberán reubicar a las trabajadoras gestantes sin reducir su salario, y no podrán presionar a nadie para que renuncie por su condición de salud.
Las empresas responden y el Gobierno prepara apoyo
Aunque los cambios representan avances en derechos laborales, también implican mayores costos para las empresas. Según Acopi, gremio de las mipymes, una microempresa podría pagar hasta 22 millones de pesos adicionales al año, y una pequeña empresa unos 157 millones más, por efectos de la reforma.
Ante esta situación, el Gobierno anunció un programa especial para apoyar a micro y pequeñas empresas, con asesoría técnica, capacitación y herramientas para facilitar el cumplimiento de las nuevas normas.
Además, se prepara la contratación de 1.000 nuevos inspectores laborales que recorrerán el país verificando que las empresas respeten los nuevos derechos de los trabajadores.
Con estos cambios, se inicia una nueva etapa en el mundo laboral colombiano. Aunque el proceso de adaptación será complejo, tanto trabajadores como empleadores tienen ahora más claridad sobre sus derechos y obligaciones, en un marco que busca fomentar la equidad y dignidad en el trabajo.