La investigación sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, ha dado un giro inesperado y perturbador. Aunque inicialmente se aseguró que el menor involucrado en el crimen había recibido 20 millones de pesos como pago, nuevas revelaciones desmienten esta versión y exponen una red criminal mucho más oscura y organizada.
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Una suma irrisoria por una vida
De acuerdo con un informe publicado por El Tiempo, el menor de edad que fue capturado tras el ataque no recibió los 20 millones previamente mencionados, sino que la cifra real pactada fue de apenas 600 mil pesos. Lo más impactante: ese dinero nunca le fue entregado. “La recompensa nunca fue entregada, ya que el menor no cumplió la orden de disparar toda el arma contra Uribe y fue aprehendido instantes después del ataque sicarial”, indicó una fuente cercana al caso, citada por el mismo medio.
Estructuras criminales que instrumentalizan menores
Este caso ha puesto en evidencia el modus operandi de redes criminales que recurren al reclutamiento de menores en situación de vulnerabilidad. Según una fuente de la investigación, “orquestan con personas fácilmente manipulables”, lo que permite a estos grupos operar con costos mínimos y un alto grado de impunidad.
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- El menor implicado ha comenzado a colaborar con la Fiscalía bajo el principio de oportunidad, revelando detalles sobre su reclutamiento, la entrega del arma y las instrucciones recibidas.
- Aseguró no conocer personalmente a Miguel Uribe, lo que refuerza la idea de que fue simplemente un ejecutor instrumentalizado en una cadena de decisiones superiores.
¿Crimen con tinte político?
La Fiscalía no descarta que el atentado tenga motivaciones políticas, dado el perfil público de Uribe como figura destacada del partido Centro Democrático y su aspiración presidencial. Las conexiones de los responsables con redes de microtráfico, estructuras transnacionales y otros actores logísticos fortalecen esta hipótesis.
Entre los capturados también se encuentra Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, señalada de haber proporcionado el arma utilizada. A diferencia del menor, Gabriela habría recibido un millón de pesos. Aunque esa cifra también resulta baja, pone en evidencia una jerarquía de pagos dentro de estas redes.
Este atentado, que por poco cobra la vida de una figura política relevante, se convierte así en una radiografía alarmante de cómo las redes del crimen organizado operan con desprecio absoluto por la vida humana y utilizando a los más vulnerables como carne de cañón.