Una nueva controversia sacude al Gobierno Petro, esta vez por cuenta del pastor Alfredo Saade, recientemente nombrado jefe de despacho de la Presidencia. La Red de Defensa Ciudadana presentó una queja disciplinaria ante el procurador general, Gregorio Eljach, en la que solicita su suspensión provisional por presunta extralimitación de funciones en el manejo del contrato de pasaportes.
El documento, conocido en primicia por la revista Semana, argumenta que la conducta de Saade podría constituir una “falta gravísima dolosa”, tipificada en los numerales 1 y 20 del artículo 54 del Código General Disciplinario. La queja fue remitida también a la procuradora delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, con el fin de fortalecer el expediente disciplinario.
Intervención sin competencia legal
Según la queja, Alfredo Saade habría asumido de forma pública un rol de “vocero, articulador y promotor” de decisiones contractuales en torno al nuevo modelo de expedición de pasaportes, sin tener ninguna delegación formal o competencia jurídica para ello. La situación se remonta a octubre de 2024, cuando la Cancillería firmó un contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025. Ocho meses después, la entidad reconoció que no alcanzaría a implementar el nuevo sistema antes del 1 de septiembre de 2025.
En ese contexto, Saade comenzó a intervenir públicamente en el proceso. El 2 de julio, durante una entrevista radial, aseguró: “Yo estoy articulando el contrato con Portugal”, y agregó: “Vamos a firmar en horas, si no estoy mal”. Nueve días después, el contrato aún no ha sido firmado.
Denuncias de la exministra Sarabia
Las declaraciones de Saade provocaron una fuerte reacción por parte de la entonces canciller, Laura Sarabia, quien denunció que el funcionario se había “autoproclamado” como líder del proceso de pasaportes. Según la exministra, incluso impartió órdenes contrarias a las suyas durante una visita oficial en el exterior, como demorar la asignación de citas para prolongar el uso del inventario existente.
Sarabia también advirtió que, en el momento de las intervenciones de Saade, no existía ningún contrato en firme que garantizara la continuidad del servicio más allá del 31 de agosto. Además, aclaró que el modelo proyectado con Portugal requería al menos dos meses adicionales de implementación.
Posible usurpación de funciones
La situación se volvió aún más delicada cuando, en otra entrevista, Alfredo Saade señaló que avanzaría sobre el contrato firmado por la Registraduría con Thomas Greg & Sons para las próximas elecciones, si el presidente Gustavo Petro así lo ordenaba. La Red de Defensa Ciudadana calificó esta afirmación como una eventual usurpación de funciones y abuso de poder.
En la queja se afirma que Saade actuó de manera “antijurídica” al interferir en funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores y alterar el funcionamiento de una entidad del orden nacional. También se argumenta que su comportamiento afectó principios básicos de la función pública como la legalidad, la competencia funcional, la reserva legal y la autonomía institucional.
Solicitan suspensión inmediata
Ante la gravedad de los hechos descritos, la Red de Defensa Ciudadana concluyó que la actuación de Alfredo Saade representa una falta gravísima y solicitó a la Procuraduría adoptar medidas cautelares, incluida su suspensión provisional, mientras se adelanta la investigación disciplinaria correspondiente.
El caso de Saade se suma a la cadena de controversias generadas por la crisis en la expedición de pasaportes, que ya ha provocado la salida de tres ministros de Relaciones Exteriores y mantiene en vilo la continuidad del servicio a partir de septiembre.