El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue extendiéndose en el alto gobierno. La Fiscalía General de la Nación alcanzó un acuerdo clave con María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien ha sido uno de los funcionarios salpicados por el millonario entramado de contratos irregulares.
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Benavides recibió inmunidad total a través de un principio de oportunidad, tras aceptar su participación como cómplice en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. A cambio, se comprometió a colaborar con la justicia y a servir como testigo clave en futuras diligencias judiciales.
“Colaboró con la administración de justicia en la teoría del caso de la Fiscalía. Será testigo contra los que la entidad considere, entre ellos, Ricardo Bonilla”, señaló el abogado penalista Jaime López, defensor de Benavides, en diálogo con El Tiempo.
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Tres contratos bajo la lupa
El acuerdo se basa en tres hechos específicos: los contratos proyectados en Saravena (Arauca), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Cotorra (Córdoba), que sumaban más de 92.000 millones de pesos. Aunque los convenios no llegaron a firmarse, la Fiscalía sostiene que el objetivo era direccionarlos hacia contratistas afines a congresistas que, a cambio, acelerarían la asignación de cupos indicativos solicitados por el Gobierno.
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“Ese principio se va a radicar a finales de esta semana, y una vez el juez a quien corresponda decidir la legalidad de este principio lo avale, vamos a proceder a solicitar la audiencia de imputación contra el exministro”, anunció la fiscal María Cristina Patiño.
Imputación a Bonilla se acerca
Una vez el juez de control de garantías revise y avale el principio de oportunidad —audiencia programada para el 22 de julio—, la Fiscalía solicitará audiencia de imputación contra Ricardo Bonilla. El exministro deberá responder por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Con esta decisión, Bonilla se convertiría en el quinto exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro vinculado judicialmente al caso UNGRD. Ya enfrentan procesos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y principales testigos de las irregularidades.
Congreso también en la mira
Además de Bonilla, varios congresistas habrían estado involucrados en las negociaciones irregulares. Entre ellos figuran Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por su posible papel en los hechos.
La revelación del principio de oportunidad con Benavides marca un giro significativo en la investigación, abriendo el camino para que la Fiscalía formalice acusaciones en uno de los casos de corrupción más sonados del actual gobierno.