El martes 8 de julio, Vicky Dávila publicó un mensaje contundente en X en apoyo a Álvaro Uribe, citándolo como un hombre de honor: “El expresidente Álvaro Uribe debe ser absuelto… sin pruebas no lo pueden condenar”. La periodista aseguró que el proceso está motivado por adversarios políticos y basado en testimonios de “un criminal condenado” —refiriéndose al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve— y añadió que una condena sería “materializar la venganza” contra Uribe.
Situación actual del proceso judicial
El juicio iniciado en 2018 se encuentra en su fase final, con la jueza Sandra Heredia bajo presión para emitir sentencia definitiva antes de octubre de 2025, cuando prescribirían los delitos —soborno a testigos y fraude procesal—, según el cronograma fijado.
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Hace dos semanas, la Fiscalía, representada por la fiscal Marlenne Orjuela, solicitó en audiencia la condena de Uribe por llevar a cabo un presunto “plan sostenido para manipular testigos” mediante intermediarios, cartas de retractación y beneficios judiciales.
Por su parte, la defensa, liderada por abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, argumentaron que no existe prueba directa de orden de soborno por parte del expresidente, acusando a la Fiscalía de manipular grabaciones, alterar evidencias, y tergiversar interceptaciones telefónicas.
Uribe presentó su alegato final durante dos días, asegurando que actuó con “honor” y que decidió “verificar acusaciones falsas” en su contra, no para manipular testigos. Pidió a la jueza soberanía judicial y no ceder ante la politización del caso.
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Por su parte, la jueza Heredia tiene hasta el 28 de julio para analizar los argumentos y pruebas presentados, antes de dictar sentencia. La expectativa nacional está centrada en su veredicto, el cual podría marcar un precedente único: un primer exmandatario colombiano condenado en la justicia penal.
Reacciones públicas y políticas
El pronunciamiento de Vicky Dávila se suma a un debate intenso en medios y círculos políticos: por un lado, quienes defienden la presunción de inocencia y cuestionan la fortaleza probatoria del caso; por otro, quienes consideran que el expediente de la Fiscalía es sólido y que Uribe debe responder por su presunta participación en manipulación de testigos.
Mientras tanto, desde el Centro Democrático y aliados internacionales como Mike Pence, se denuncian actos de “persecución política” y se apela a instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger derechos del expresidente