Los excomandantes Rodrigo Londoño (“Timochenko”), Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Milton Toncel, Pastor Alape y Jaime Alberto Parra firmaron una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitiendo el reclutamiento forzado. En ese período, las FARC incorporaron a 18.677 niños y adolescentes, muchos menores de 15 años.
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Los exlíderes admitieron también que los reclutados fueron víctimas de tratos crueles, torturas, violencias sexuales y reproductivas. Reconocieron que esto fue “una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social” y ofrecieron su colaboración con la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Contexto y responsabilidad
La imputación, emitida en noviembre, considera a los seis excomandantes como “máximos responsables” por este y otros crímenes de guerra, destacando que tenían conocimiento y poder para impedir estos hechos, aunque no ordenaron directamente esas conductas.
Entre 1996 y 2006 ocurrieron los picos más severos de reclutamiento. Las víctimas incluyeron a menores de 15 años (30 %) y miembros de comunidades indígenas (más de 8.900 casos), muchos víctimas de violencia de género y sexual.
Proceso judicial y próximos pasos
La carta será evaluada por la JEP para determinar si constituye un reconocimiento de verdad efectivo. De ser aprobada, se programaría una audiencia pública y los exguerrilleros podrían recibir penas restaurativas en lugar de cárcel.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad tiene 30 días hábiles para confirmar si los implicados admiten su omisión en cinco patrones delictivos: reclutamiento, tortura, homicidio, violencia sexual y violencia basada en prejuicios.
Impacto social
Este reconocimiento coincide con los 30 años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz, y representa una oportunidad crucial para la justicia restaurativa. Las víctimas han sido claras sobre la necesidad de claridad en la responsabilidad personal, no solo generalidades.
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Este avance pone a la JEP nuevamente en el ojo público. Su capacidad para sancionar y reparar, especialmente con programas sostenibles para víctimas, será clave en la legitimidad del proceso.