—De seguir así, en dos años entregaremos la Sociedad quebrada.
El pediatra Juan Fernando Gómez hizo esa advertencia al ver con preocupación el informe financiero de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP). Era 15 de mayo de 2004 y él, como presidente de la organización, había convocado una sesión de la junta directiva ese día a las 8:30 de la mañana en el Club Almirante Colón, de Bogotá. La SCP llevaba varios años buscando formas de hacerse sostenible, pero los ingresos eran insuficientes. Hacía su congreso cada dos años, había creado una revista que le permitía vender pauta, organizaba cursos para vendérselos a los pediatras… pero nada.
En 2002, la junta directiva −un grupo de médicos elegidos por votación de otros médicos− había aprobado la contratación, por primera vez, de una gerente que le diera un rumbo económico a la organización. Dieron con Gloria Helena Zuccardi Hernández, una administradora de empresas barranquillera que venía de trabajar como ejecutiva comercial de Bancóldex, un banco con participación estatal que impulsa empresas.
Ese día, ella puso sobre la mesa una idea que se convirtió en un precedente clave de cómo en la SCP los dilemas entre la búsqueda de plata y la preservación de principios éticos se comenzaron a resolver, a pesar de las críticas, en favor del dinero. Zuccardi les propuso hacer un acuerdo con Bavaria para promover a la Pony Malta como un elemento más en la lonchera de los niños.
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Esta historia podría contarse como la de un éxito empresarial. La de una compañía que alguna vez vio sus números en rojo y alcanzó la prosperidad a punta de una gestión audaz. Pero la SCP no es una empresa, sino una agremiación médica y científica sin ánimo de lucro. Y esa gestión que evitó su quiebra se ha apuntalado durante los últimos 25 años, en buena parte, en negocios atravesados por la flexibilización de principios éticos de sus directivas a cambio de la financiación de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesadas.
También ha realizado constantemente negocios con la industria farmacéutica. Ambas actividades son problemáticas por lo que significan en términos de independencia para una sociedad científica que aboga, en sus estatutos, por la salud de niños, niñas y adolescentes. Pero el caso de los ultraprocesados es particularmente sensible porque volvió a esa organización socia y promotora de una industria dedicada a vender productos muy pobres en su aporte nutricional, que hoy llevan sellos negros que advierten sobre su exceso de azúcares añadidos, sodio y grasas trans y saturadas, y que pueden incidir en el desarrollo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares si los niños no los consumen con mesura.
A su vez, la SCP mantiene una relación comercial sin cuestionamientos con las empresas que fabrican las conocidas leches de fórmula o leches de tarro, promocionadas con estrategias cuestionadas a nivel mundial y en Colombia porque van contra el fomento de la lactancia materna, una práctica en la que, actualmente, el país se raja. La SCP, de hecho, facilita que esas empresas les den regalos a los médicos. A cambio, esa industria ayuda a financiar los congresos y simposios de la SCP, lo que ha creado un vínculo que contraviene recomendaciones científicas y de la Organización Mundial de la Salud.
Estas movidas son de interés público porque las sociedades científicas suelen servir al Gobierno, al Congreso, a la academia y a medios de comunicación como fuente de información rigurosa e independiente en debates de salud pública. La SCP, de hecho, se vende como asesora del Gobierno “en el desarrollo de políticas en favor de la niñez”.
Lejos de la quiebra, en 2024, según sus reportes más recientes, la SCP fue la quinta que más ingresos obtuvo entre las 70 organizaciones médicas que hacen parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Facturó $6.556 millones (con excedentes por $900 millones), solo por debajo de las asociaciones de Endocrinología, Cirugía Ortopédica, Hematología y Cardiología.
Aunque eso es atribuible a distintas fuentes de financiación, la historia de solvencia económica que ha logrado la SCP a lo largo de los últimos 25 años es imposible de contar sin el papel que ha jugado la industria de productos ultraprocesados y de las leches de fórmula.
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“¿Alguien puede asegurar que la Pony Malta es mala?”
La directora ejecutiva Gloria Zuccardi fue quien llevó su propuesta de acuerdo comercial sobre la Pony Malta a aquella reunión de la junta directiva de 2004, pero la idea de trabajar con la industria de alimentos ultraprocesados no era nueva en la SCP. La organización, nacida en 1917, ya tenía a finales de los años 90 relaciones con algunas empresas que jugaban duro en ese negocio.
En 1999, por ejemplo, el entonces presidente de la SCP, el pediatra Jorge Eduardo Loaiza, presentó un informe de gestión en el que dijo: “Las acciones de capacitación se han podido llevar a cabo gracias a los contratos que hemos adelantado con empresas como Kimberly Colpapeles y Nestlé, atendiendo la recomendación hecha por la IPA (Asociación Internacional de Pediatría), en reunión realizada en Hong Kong en 1997, y según la cual es necesario hacer arreglos financieros con la empresa privada para tener capacidad de gestión en el trabajo. Con el mismo objetivo, sostuvimos entrevistas con los Grupos Santodomingo [en ese entonces dueño de Bavaria] y Ardila Lülle [dueño de Postobón] y con las firmas Kellogs y Alpina. Actualmente, estamos en conversaciones con la Compañía Nacional de Chocolates”.
El logro de Zuccardi como directora ejecutiva, de la mano de la mayoría de pediatras que han ocupado la Presidencia y hecho parte de las juntas directivas de la SCP, ha sido profundizar esa filosofía.
Y dio un paso muy importante aquel 15 de mayo de 2004 en el que el panorama lucía borroso. Como antecedente, las directivas del capítulo de Bogotá de la SCP, conocido como la Regional Bogotá, habían firmado un acuerdo comercial con Bavaria para promover la Pony Malta en colegios de la ciudad. Lo que hizo Zuccardi en la reunión fue proponerle a la junta directiva ampliar ese acuerdo para que lo implementara, ya no la Regional Bogotá únicamente, sino la SCP en pleno. Zuccardi lo presentó como “la propuesta de que la Pony Malta pase a ocupar un lugar en la lonchera de los niños, dos veces por semana, en lugar de bebidas gaseosas”.
El médico Rafael Castro, integrante de la junta que estaba informado de esa gestión, matizó la propuesta para que sonara menos indecorosa para un grupo de médicos: “Más que una campaña sobre la Pony Malta en las loncheras”, dijo, “se trata de llevar a cabo una campaña para informar a los padres y madres sobre la forma de lograr una buena nutrición para sus hijos”. Explicó que Bavaria le pagaría $130 millones a la SCP (unos $315 millones de hoy) y correría con los gastos de conferencias que dictarían pediatras sobre buena alimentación en colegios de las principales ciudades. A cambio, Bavaria pondría a circular un video promocional de la Pony Malta en el que mencionaría que esa gaseosa tenía el aval de la SCP.
Bavaria llevaba décadas posicionando la Pony Malta como una bebida saludable y nutritiva para los niños. En sus comerciales aparecían deportistas famosos tomando felizmente la gaseosa de las botellas cafés: “¡Bebida de campeones!”, decía el eslogan. Hoy esa estrategia se mantiene, pero se sabe públicamente que la Pony Malta es una gaseosa ultraprocesada que no es nutritiva y está llena de azúcar. Por eso las reconocidas botellas con el pony relinchando llevan, por cuenta de la ley de etiquetado frontal que aprobó el Congreso en 2021, un sello negro que lo advierte.
Para el momento de la junta de 2004, el debate sobre los ultraprocesados y las bebidas azucaradas no estaba sobre la mesa en Colombia, pero eso no quiere decir que los médicos de aquella reunión no supieran qué era realmente la Pony Malta. O al menos algunos.
El doctor Castro —que con la gerente Zuccardi fue el principal impulsor de la propuesta— le dijo a la junta que habían ido a la planta de Bavaria, “en donde pudieron observar la calidad y rigurosidad del proceso de elaboración, escucharon las bondades del producto, que tiene pocas proteínas, pero buena cantidad de calorías”.
—Hay que hacer ver que se trata de una campaña que puede ser muy beneficiosa para la comunidad, pues tiene como objetivo difundir conocimientos sobre una buena alimentación —insistió el doctor León Jairo Londoño, secretario de la SCP—. Además, serviría desde el punto de vista económico para la Sociedad Colombiana de Pediatría.
El factor dinero comenzó a entrar así en la discusión, pero la voz del doctor William Parra, también de la junta, se alzó como la más disonante:
—La Sociedad debe tener muy clara la diferencia entre un buen negocio y un negocio bueno —dijo—. En esta campaña promoveremos que se cambie un yogur u otro alimento más nutritivo por la Pony Malta.
—Hay que reconocer que se está avalando un producto, con riesgos grandes que exigen un debate —advirtió el doctor Hernando Villamizar, vicepresidente de la SCP—. Lo estamos poniendo como un sustituto de otros productos que pueden ser iguales o mejores desde el punto de vista nutricional, y que pueden ser menos costosos.
—La Pony Malta es mejor que algunos productos como las colas y otros menjurjes —insistió el doctor Castro.
—Yo no me le apuntaría a dar una charla sobre nutrición infantil al lado de una nutricionista que les hable a los padres sobre la importancia de la Pony Malta para la lonchera —dijo el doctor Juan Fernando Gómez, el presidente de la SCP.
Pero la plata volvió a la discusión por cuenta de la gerenta Zuccardi:
—No soy experta en temas de nutrición —aclaró— pero pienso que la SCP haría presencia en la comunidad con la campaña de una buena alimentación. A lo que habría que añadir las necesidades económicas de la Sociedad, sin que por ello se esté violando la ética.
—¿Alguien puede asegurar o decir que la Pony Malta es mala o causa daños? —preguntó el doctor Londoño, secretario de la SCP, para insistir en el negocio.
La discusión mostró que había reparos importantes, pero pactaron no negarse a hacer el acuerdo con Bavaria y, más bien, ponerle algunas condiciones como definir bien el contenido del video que divulgaría esa empresa sobre la Pony Malta y que no lo usara masivamente, por fuera de la campaña. El doctor Parra, que había pedido “buscar dinero, pero en forma ética”, exigió que constara en el acta su voto negativo.
Un año después, en la asamblea general de 2005 (el encuentro más importante de la SCP porque allí se aprueban estados financieros, cambios de estatutos y se discute sobre el rumbo de la organización), algunos pediatras pidieron cuentas sobre “el programa de Pony Malta”. Finalmente, se había realizado en ciudades como Bogotá y Barranquilla, pero las críticas que recibió de médicos afiliados a la SCP en varias regiones llevaron a que lo suspendieran, informó la propia Zuccardi, según el acta. Sin embargo, eso no tumbó lo fundamental: el sistema de avales creado para que, a cambio de plata, la SCP le pusiera su logo a distintos productos, entre los que también estuvieron aceites de cocina, jabones y pañales.
El día de 2004 en que la junta directiva dio una extensa discusión alrededor del acuerdo sobre la Pony Malta, conformó un comité de avales en el que médicos de esa misma junta se encargarían de estudiar decisiones de ese tipo.
La SCP, en respuesta escrita para esta investigación, aseguró que “hacia la primera década de los años 2000 se otorgó el aval a algunos productos alimenticios, basados en los criterios nutricionales de ese momento”. La discusión sobre la Pony Malta deja ver que esos criterios no generaban consenso entre los pediatras de la organización, que había dudas razonables y que, en todo caso, la necesidad de financiación era un factor que incidía para decidir. Una fuente que conoció el funcionamiento del comité de avales y habló bajo reserva con VORÁGINE dijo que allí realmente no se hacían estudios técnicos o científicos, pues primaba el factor dinero.
Un aval de la SCP era un impulso valioso para las empresas de ultraprocesados dentro de sus estrategias de mercadeo, pues lograban que, sin una evaluación rigurosa sobre los beneficios nutricionales, sus productos tuvieran una legitimidad científica a la que podían sacarle jugo en comerciales de televisión, en los estands de los supermercados y, como lo hizo Alpina en su momento, en sus informes de sostenibilidad.
Los primeros pasos para usar los avales a ultraprocesados como fuente de financiación los dio en 2002, cuando firmó un contrato con Alpina para respaldar los productos de la línea Baby, que esa empresa acababa de lanzar. Fue una relación comercial que se mantuvo por unos 15 años (más allá de “la primera década de los años 2000” de la que habla la SCP). En 2017, por ejemplo, Alpina pautaba en televisión comerciales como este sobre Alpinito, en el que promocionaba ese producto como un ingrediente más de la lonchera para “apoyar el crecimiento” de los niños. Y con la anotación final: “es el único recomendado por la Sociedad Colombiana de Pediatría”. Hoy, por cuenta del etiquetado de productos comestibles y de bebidas, se sabe públicamente que el Alpinito tiene exceso de azúcares añadidos y de grasas saturadas.
McDonald’s —aliado de Alpina— se valió de eso para promocionar la inclusión del Alpinito en su cajita feliz (que tiene nuggets de pollo frito o hamburguesa con papas fritas) con el mensaje de que era “el balance perfecto entre composición nutricional y diversión para los clientes más pequeños”.
La SCP también le dio su sello al Chocolisto (producto de la firma Nutresa que hoy se vende con el sello de exceso de azúcares), que pudo hacer publicidades como esta de 2011, en la que el logo de la sociedad científica ocupa un espacio importante, en el extremo superior derecho:
La industria no solo aprovechó los avales para poner a circular mensajes así en medios masivos de comunicación. La SCP también le abrió, por dos décadas, las puertas de su revista Crianza y Salud, la publicación especializada que creó para pediatras y padres y madres de familia y que, por eso, puede encontrarse en cualquier sala de espera de un consultorio pediátrico. En esta uno puede ver las publicidades del Alpinito y el Chocolisto, así como de otros productos que no tenían el aval, pero cuyas empresas pagaban por la pauta. En 2011, por ejemplo, aunque ya no había acuerdo con Bavaria para impulsar la Pony Malta en las loncheras, en esa revista sí aparecían avisos como este, que resaltaba la “energía nutritiva” de esa gaseosa al lado de información sobre la crianza de los niños:
Las actas de las asambleas de asociados a la SCP son la constancia de que por años algunos pediatras alzaron la voz para advertir la incoherencia que significaban esos negocios para una organización que decía trabajar por la salud de los niños. En la asamblea de 2009, por ejemplo, el médico antioqueño Álvaro Posada dijo que “se atropella a la niñez y a la familia colombiana pidiéndole (en la publicidad) que compre tal o cual producto, y muchos, se supone, son avalados por la SCP”.
Pero las actas también muestran que los avales y la publicidad de productos ultraprocesados en las publicaciones de la organización se volvieron definitivos en la contabilidad. En los primeros años, la directora Zuccardi y el presidente de turno manifestaban su preocupación cuando los avales habían disminuido. Luego fue al contrario. En esa misma asamblea de 2009, el entonces presidente, el pediatra Hernando Villamizar —que en la reunión de junta en 2004 había advertido los riesgos que implicaba avalar la Pony Malta— sacó pecho por un balance que mostraba que “cada día se gana más y se gasta lo mismo”. Zuccardi lo secundó al mostrarles a los pediatras que, después de las vacas flacas, los estados financieros reflejaban excedentes por segundo año consecutivo. Ante el reclamo de Posada, el presidente Villamizar respondió: “deseo que llegue el día en el que la SCP no necesite de los avales”.
Solo fue hacia 2018 que esos avales se terminaron. Hoy, la SCP ya no avala ningún producto ultraprocesado. Dejarlos a un lado implicó crear otras fuentes de ingresos, como publicaciones para los pediatras que se pudieran comercializar, alianzas y nuevos eventos. Pero eso no ha alejado a la organización de negocios que generen conflictos de interés ni que sean incoherentes con su misión de defender la salud de los niños. La han mantenido, de hecho, como una aliada de la industria de ultraprocesados, y, de nuevo, en medio de críticas de un sector de sus pediatras afiliados. La discusión ya no gira en torno a las gaseosas o a comestibles como el Alpinito, sino a las leches de fórmula.
Los regalos de la SCP a la industria
Los cuestionamientos a la SCP por su relación con la industria de las leches de fórmula se dan como parte de un contexto internacional que se ha construido desde hace 40 años.
Cualquier pediatra, para empezar, debe saber que hay consenso científico en que la leche materna es el mejor alimento para un bebé y en que, en circunstancias normales, debe ser el alimento exclusivo hasta los seis meses de vida. De ahí en adelante, “los niños deben comenzar a comer alimentos complementarios seguros y adecuados mientras continúan amamantando hasta por dos años o más”, dice la Organización Mundial de la Salud. Y agrega: “los niños amamantados muestran un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia, son menos propensos al sobrepeso o la obesidad y, más tarde en la vida, a padecer diabetes”.
La decisión de darle leche de fórmula a un bebé (leche líquida o en polvo hecha generalmente a base de leche de vaca, a veces de soya) solo debe tomarse bajo recomendación médica y en situaciones excepcionales, cuando lo obliga “un número pequeño de condiciones de salud del recién nacido y de la madre”, dice la OMS. Por eso, esas leches también han sido llamadas, técnicamente, sucedáneos de la leche materna, para indicar que pueden remplazarla. Son comercializadas para alimentar a bebés y niños hasta de tres años y a Colombia llegan las de empresas como Nestlé, Mead Johnson, Abbott, Nutricia, Alpina, Máh! y Sanulac, entre otras.
La iniciativa “No comas más mentiras”, que armó la organización Red Papaz y hace análisis de los ingredientes de productos que saca a la venta la industria alimentaria en Colombia, clasifica las leches de fórmula como ultraprocesados a los que “se les adicionan sustancias que podrían afectar” la salud de los niños. Por eso, aunque la leche de fórmula puede salvar vidas en ocasiones puntuales, la recomendación es que su consumo sea excepcional.
Pues bien: hace dos años, en febrero de 2023, un grupo de científicos publicó en la influyente revista científica The Lancet una serie de artículos con la radiografía de las “tácticas abusivas de la industria de la leche de fórmula” en todo el mundo. Es una industria, concluyeron, que ha crecido gracias a estrategias de mercadeo aplastantes que se han impuesto en detrimento de los índices de lactancia materna. Entre los estudios que citaron, había uno hecho con datos de 126 países que concluía que “por cada kilogramo adicional de fórmula estándar (leche en fórmula hecha para bebés de 0 a 6 meses) vendido por niño cada año, la lactancia materna fue 1,9 puntos porcentuales menor”.
Eso a pesar de que desde 1981 la OMS adoptó un código que busca que las estrategias promocionales de la industria sean reguladas para que las madres no dejen de amamantar a sus bebés a cambio de leche de fórmula. Se llama Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y sigue siendo el principal faro en este tema. Colombia lo adoptó en 1992 mediante un decreto que está prácticamente en el olvido.
El Código estableció, entre otras, que la publicidad no debe idealizar esas leches, sino que debe advertir los riesgos de su consumo innecesario. Y que para promocionar sus productos, los fabricantes no deben ofrecer “incentivos financieros o materiales a los agentes de la salud (médicos, enfermeros, nutricionistas) o a los miembros de sus familias, ni dichos incentivos deben ser aceptados por los agentes de la salud o los miembros de sus familias”.
La OMS ha reforzado continuamente ese mandato en estas cuatro décadas, con recomendaciones para que, en aras de no afectar los índices de lactancia materna, las industrias que comercializan productos para niños no patrocinen encuentros de profesionales de la salud. Y que los médicos y asociaciones médicas no permitan que esas industrias financien sus eventos.
Es decir: hay un llamado institucional y científico mundial —que aunque no tiene fuerza de ley se entiende como un mandato ético— para evitar que la industria de las leches, con los alcances y el poder que le dan sus ganancias millonarias, cautive a pediatras al punto que estos terminen recetando las leches de fórmula sin necesidad. Pero los científicos que hicieron el balance para The Lancet reportaron que, “a falta de otros fondos, las asociaciones profesionales de medicina, partería y nutrición continúan aceptando el patrocinio de los fabricantes (…) incluso cuando se sabe que las empresas violan el Código”.
Ese es el caso de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Desde hace unos diez años, la SCP comenzó a organizar cada vez más eventos. Por décadas, el Congreso Nacional de Pediatría, realizado cada dos años, fue prácticamente el único encuentro grande de los pediatras en Colombia. Hoy, la SCP también organiza el Simposio Internacional de Actualización en Pediatría, el Congreso Nacional de Nutrición, el Congreso Latinoamericano de Residentes de Pediatría, el Congreso Nacional de Residentes de Pediatría y hasta un encuentro que no es solo para pediatras, llamado Conferencia Mundial de Salud.
La SCP les vende a las empresas que fabrican leches de fórmula y a las farmacéuticas espacios para que pongan estands en esos eventos. Con esa plata se paga el grueso de cada encuentro. A cambio, la SCP les permite promocionar productos, como las leches, entre los médicos asistentes. Aquí se ve, por ejemplo, a un equipo de Alpina a cargo de la promoción de una leche de esa empresa en el Simposio Internacional de Actualización en Pediatría de 2024. La foto la posteó una filial de Alpina en redes sociales.
O aquí aparece un estand de la multinacional Mead Johnson dedicado a promocionar una de sus marcas de leche de fórmula en el Simposio Nacional de Nutrición de 2015 (la foto la tiene publicada la propia SCP en su web):
Aunque eso, a la luz del Código de Sucedáneos y de las recomendaciones de la OMS, ya es problemático, hoy la SCP va más allá: cuando le vende a una empresa el espacio en un congreso, también le da, dependiendo del tamaño del estand, un número de inscripciones para que esa empresa se las obsequie a pediatras. Es decir: la SCP promueve que la industria les dé incentivos en especie a los médicos, que pueden resultar muy atractivos para estos.
Un pediatra que conoce de primera mano ese esquema en la SCP y pidió hablar bajo reserva lo puso en estos términos: “la SCP le garantiza a Nestlé o a cualquier otra empresa que pueda amarrarme con sus regalos”.
Ese modelo está plasmado en esta tabla, que muestra la oferta de estands que la SCP está negociando con la industria para el Congreso Colombiano de Pediatría que se hará en julio próximo. Allí se ve que toda empresa que compre un estand adquiere también un número de inscripciones de pediatras para el evento: la que pague $200 millones por el más grande puede inscribir a 300 médicos; la que pague $40 millones por uno de los más pequeños puede inscribir a 40.
Eso revela además que la labor de convocatoria de médicos para el congreso no queda —al menos no en su mayor parte— en manos de la SCP, que es la que organiza el evento, sino de las empresas de productos ultraprocesados y de las farmacéuticas, que son las que lo financian. Al hacer el cálculo a partir del plano con todos los estands disponibles para el Congreso Colombiano de Pediatría, queda claro que esas industrias tienen la posibilidad de llevar de sobra a los 3.000 pediatras que la SCP dice esperar en ese encuentro.
En su respuesta a VORÁGINE, la SCP admitió que les da a las empresas inscripciones de médicos por la compra del espacio: “de esta forma pueden (esas empresas) contribuir a la educación médica continua de los profesionales de la salud del país”.
El problema es que esa supuesta contribución suele exponer a los médicos a conflictos de intereses.
Una vez una empresa le compra un estand a la SCP, el trabajo de captar pediatras para regalarles la inscripción en el evento suele quedar en manos de los visitadores médicos: empleados de las oficinas de mercadeo de la industria que merodean clínicas, hospitales y consultorios para ofrecerles a los médicos productos que quieren que receten —como las leches de fórmula— y así aumentar las ventas.
Una residente de pediatría en Bogotá, que pidió hablar bajo reserva, cuenta que los visitadores suelen llegarles a estudiantes como ella, que hace su práctica en un hospital, a través de los que ofician como jefes de residentes en las universidades. Estos se prestan para convocar reuniones en las afueras de los centros médicos, en las que un doctor afín a la empresa del visitador les da una charla de 15 minutos sobre un tema de interés; el visitador que hizo posible ese espacio lo usa para promocionar productos de su empresa y ofrecerles incentivos a los médicos, como cupos a eventos.
La estudiante consultada dice que residentes y pediatras tienen un interés genuino por aprender algo en esas charlas, pero, agrega, “también son la forma de lograr una entrada a un congreso que puede valer un millón y medio de pesos. Si uno acepta, los visitadores no te dan plata, sino que hacen la gestión y luego te dicen: ‘ya le conseguí la entrada al congreso’; ‘ya le conseguí el tiquete de avión’, y te mandan la foto del tiquete; ‘ya le conseguí el hotel’, y te mandan la foto de la reserva”. En las ofertas para el próximo Congreso, que se hará en Cartagena, la SCP también les abre a las empresas espacios para organizar, como parte del evento, diez simposios para los pediatras y médicos asistentes, como otra forma de ganar plata a cambio de garantizarles cercanía con los médicos. Como muestra, esta tabla con las cotizaciones que está usando, en la que les está cobrando $20 millones a las empresas que quieran hacer simposios en la mañana y $25 millones a las que los hagan durante un almuerzo:
Es con esta forma de operar que la SCP viola el Código de sucedáneos y pasa por alto recomendaciones internacionales para evitar prácticas que fomenten la promoción de las leches de fórmula en detrimento de la lactancia materna. Lo hace al tiempo que resalta entre sus logros que ayudó a impulsar el primer Consenso Colombiano de Lactancia Materna y el Consenso Colombiano de Alimentación Complementaria. Una ambigüedad que aplica en un contexto sensible para Colombia, donde solo 36 de cada 100 niños y niñas reciben lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, la más reciente. Son cifras menores que las de Perú, Bolivia y Guatemala.
Ese mismo estudio dejó claro el papel clave que cumplen los pediatras y el personal de salud en las decisiones de las madres, pues el 79% de las que recibieron la recomendación de usar fórmulas en vez de leche materna fueron aconsejadas, precisamente, por algún profesional de la salud. Este resultado lo corroboró el más reciente monitoreo a la aplicación del Código en Colombia, hecho en 2021 por Educar Consumidores y la Red Internacional de grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN, por sus siglas en inglés), organización que ha cuestionado las prácticas de la SCP.
El silencio en la ley de etiquetado… y la rebeldía de la regional Bogotá
“Sabemos que no podemos contar para ninguna de nuestras acciones con la SCP”, dice Rubén Orjuela, nutricionista que está al frente de Educar Consumidores y de IBFAM Colombia, organizaciones que llevan décadas advirtiendo los peligros que trae para la salud de los más pequeños el consumo desmesurado de los productos de la industria de ultraprocesados, y las tácticas comerciales que aplica.
A ese descrédito se suma Red Papaz, oenegé que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes y es referente en las discusiones sobre comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas. Fue de las principales impulsoras de la ley de etiquetado frontal, que obligó a esa industria a ponerles sellos negros y octogonales a los productos que tienen exceso de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans y de azúcares añadidos, además de edulcorantes. Su directora, Carolina Piñeros, recuerda que hace ya una década sufrió “un choque tremendo” cuando la SCP la invitó a un congreso y vio allí a las industrias de ultraprocesados promocionando productos, leches de fórmula incluidas. “Reconozco que la SCP tiene cosas muy importantes”, agrega, “pero en el caso de las leches de fórmula, la gerencia nacional, en cabeza de Gloria Zuccardi, tiene un conflicto de interés muy grande. Manejan un doble discurso: por un lado, el de la salud, el bienestar y la crianza de los niños; por otro, el del negocio”.
Las críticas también han crecido entre los médicos: la Regional Bogotá, el capítulo de la SCP en la capital del país, se ha establecido como la única disidencia.
Son 24 regionales y cada una tiene autonomía para recaudar fondos que le permitan hacer eventos académicos locales. En 2018, los pediatras directivos de la Regional Bogotá decidieron vetar cualquier aporte que les pudieran hacer las empresas que fabrican leches de fórmula, explica María Lucía Mesa, que fue presidenta de esa Regional hasta 2024. Crearon un fondo al que otras industrias, como la farmacéutica y la de vacunas, le pueden dar plata, pero, a diferencia de la Nacional, la Regional no les vende estands y, por lo tanto, no les permite promocionar productos entre los pediatras. Sí les da el crédito en cada evento, diciendo cuáles empresas de ese sector aportaron para que se realizara, aunque sin aludir a marcas concretas de productos. “La influencia de la industria en las decisiones de papás, mamás y pediatras siempre nos ha cuestionado”, dice Mesa. “No era coherente permitir que nos patrocinara eventos. Tuvimos muchos encuentros incómodos con colegas y personas de esta industria porque las sociedades de pediatría suelen vivir de estos patrocinios”.
La de Bogotá —que tiene afiliados a cerca de la mitad de los 5.000 pediatras que pertenecen a la SCP— es la única regional que hasta ahora ha vetado la industria de las leches. Un rastreo simple en Google permite encontrar, por ejemplo, a Mead Johnson como cliente de la Regional del Valle, o a la presentadora de una charla de la Regional del Cauca agradeciendo el patrocinio de las marcas de leche de Nestlé, Sanulac y Mead Johnson.
Fue la Regional Bogotá la que se metió de lleno a respaldar el proyecto de etiquetado frontal de ultraprocesados hace ya seis años, junto a organizaciones como Educar Consumidores y Red Papaz. La carta institucional que el gremio de pediatras envió al Congreso para respaldar ese proyecto fue de esta regional, no de la nacional.
Las posturas de la Regional Bogotá terminaron en una disputa de poder que perdió ante el grupo de directivos que respalda el modelo de financiación liderado por Zuccardi. Fruto de ese pulso, esa regional perdió capacidad de influencia dentro de la SCP y, desde hace casi ocho años, no tiene representación en la junta directiva, que es elegida por votación entre representantes de los pediatras de todas las regionales.
Infografía ilustrada: El sinuoso camino de un proyecto de ley en Colombia: el etiquetado frontal
“No satanizamos la colaboración con la industria”
El 3 de julio de 2019, la entonces presidenta de la SCP, la pediatra Marcela Fama, presentó en la asamblea nacional una campaña para impulsar varios mensajes de compromiso de esa organización con el cuidado de los niños. Entre estos, había uno en defensa de la lactancia materna. Minutos después anunció, según el acta de la reunión, que “se trabaja con Nestlé de Colombia para preparar al residente para su próximo trabajo como pediatra”. Lo harían, dijo, a través de Jpedia, una plataforma de educación que montó esa multinacional desde hace años para residentes de pediatría.
Para ese momento, la SCP ya recibía plata de Nestlé por publicitar esa plataforma educativa en la revista que la SCP les envía a los residentes (una publicación gracias a la cual también han recibido plata por pauta de leches de fórmula).Este es un ejemplo de una publicidad de JPedia en un número de comienzos de 2019:
La pediatra María Isabel Uscher, de la Regional Bogotá, pidió la palabra para calificar como una incongruencia la alianza con Nestlé mientras les anunciaban la campaña por la lactancia materna. También cuestionó que la revista Crianza y Salud (la misma publicación de la SCP que años atrás había servido para publicitar la Pony Malta, el Chocolisto y el Alpinito), ahora llegara a los pediatras y padres y madres de familia con “publicidad de Alpina y Nestlé con sucedáneos de leche materna”. Aquí un ejemplo de ese año:
—¡Se deben tomar posturas ya! Es un problema de ética —les reclamó Uscher a las directivas de la SCP ante el resto de asistentes.
Como en aquella discusión de 2004 sobre la Pony Malta, la ética seguía en el centro de los reclamos de algunos pediatras por los acuerdos comerciales de la organización. Zuccardi le respondió a Uscher:
—Es lo ideal, pero debe pensarse si es posible trabajar sin apoyo de la industria.
La realidad es que Zuccardi no había trabajado de una forma distinta.
Dos años después, el 6 de julio de 2021, cuando el actual presidente nacional de la SCP, el pediatra cartagenero Mauricio Guerrero, fue elegido en ese cargo en una sesión virtual, la doctora Uscher protestó de nuevo por la continua presencia de la industria de leches en los congresos, y en el chat del encuentro le preguntó al nuevo presidente cómo sería su relacionamiento con esa industria y el manejo de los conflictos de interés. Pero, según el acta, no le respondieron.
Hoy, Guerrero ya lleva dos periodos como presidente de la SCP, trabajando codo a codo con Zuccardi. VORÁGINE los consultó para este reportaje como cabezas de la organización, y para responder solicitaron un cuestionario. Lo respondieron en un documento que él firmó y que, antes de enviar, presentó ante un notario como declaración juramentada.
Sus respuestas giran en torno a dos argumentos. El primero: “en los últimos años, los aportes de la industria de alimentos han representado el 7,5% del total de nuestros ingresos, lo que evidencia que no es una fuente de financiamiento predominante ni condicionante”.
Aseguraron que tienen fuentes diversas, como los eventos académicos y las publicaciones. Sin embargo, la oferta de venta de espacios en los eventos y de pauta para las publicaciones está restringida, según un mensaje de la propia SCP, únicamente a las industrias farmacéutica y de comestibles y bebidas. Cuando VORÁGINE les preguntó cuáles son las principales fuentes de ingreso de la SCP, no respondieron, aunque apuntaron que, si quisieran, podrían prescindir del dinero que les da la de ultraprocesados. “Sin embargo”, agregaron, “no satanizamos la colaboración con la industria”.
Su segundo argumento: “no consideramos que nuestra labor ni nuestra interacción con la industria farmacéutica y de consumo generen conflictos de intereses que afecten nuestra autonomía en la toma de decisiones”. Sin embargo, ante la solicitud de evidencias de sus posturas sobre proyectos de ley que han buscado regular a la industria de ultraprocesados (la que ellos llaman “de consumo”), como el de etiquetado frontal y el de impuestos saludables (que ya son ley), y el del proyecto Gloria Ochoa (que se hundió y buscaba fomentar la lactancia materna), la SCP respondió con una evasiva: dijo que ha trabajado con entidades como la Andi, el Minsalud y las secretarías de Salud en asuntos de alimentación infantil, pero no se refirió a los proyectos mencionados.
Las directivas de la SCP, con su directora ejecutiva Gloria Zuccardi a la cabeza, seguirán trabajando con la industria, independientemente de las críticas internas y externas que siguen recibiendo. Ese trabajo ha sido tan fluido que ella, manteniéndose en su cargo, creó hace unos años una empresa con dos expresidentes de la SCP para hacer negocios con farmacéuticas y empresas de ultraprocesados. Un emprendimiento que, lejos de operar aparte de la SCP por el evidente conflicto de intereses que le representa a ella, ha contado con el respaldo irrestricto de las demás directivas de la organización, como mostraremos en la segunda entrega de esta investigación.
* Esta investigación fue financiada, en parte, por Vital Strategies. El contenido es editorialmente independiente y su propósito es arrojar una luz tanto sobre las prácticas ilegales o poco éticas de la industria de alimentos y bebidas, como sobre las poblaciones más vulnerables que, de manera desproporcionada, cargan con la peor parte de la crisis de salud global causada por el consumo de alimentos y bebidas no saludables. A menos de que se indique lo contrario, todas las declaraciones publicadas en esta historia, incluidas aquellas sobre legislación específica, reflejan las opiniones de las organizaciones particulares, y no las de Vital Strategies.
Si tiene más información sobre este u otros temas por favor escriba a carloshernandezoso@gmail.com
** Nota de la editora: El 4 de mayo de 2025, una semana después de publicado este reportaje, el abogado de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de su directora ejecutiva, Gloria Zuccardi, envió una solicitud de aclaración y rectificación de varios puntos de este artículo. VORÁGINE no accedió a rectificar ninguna de las afirmaciones hechas y se sostiene en lo que cuenta la investigación. Sin embargo, accedió a incluir tres datos adicionales que solicitó el abogado, pues así los lectores tendrán un contexto mayor sobre lo ocurrido, sin que eso implique que lo aquí expuesto pierda sustento: 1) Incluimos, como antecedente al caso de la Pony Malta, que la Regional Bogotá de la SCP había firmado en 2003 un acuerdo comercial con Bavaria para promover la Pony Malta. La propuesta que llevó la directora ejecutiva Gloria Zuccardi a una sesión de la junta directiva de la SCP en 2004 fue para ampliar ese convenio a toda la SCP, más allá de la Regional Bogotá. 2) Pusimos, de manera expresa, que la SCP no avala hoy ningún producto de la industria de ultraprocesados. 3) Incluimos como contexto que la SCP impulsó con otras sociedades científicas el primer Consenso Colombiano de Lactancia Materna y el Consenso Colombiano de Alimentación Complementaria.