La implementación de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del Gobierno de Gustavo Petro, se encuentra nuevamente suspendida. Aunque la Cámara de Representantes repitió el cuarto debate tal como ordenó la Corte Constitucional, persisten dudas sobre si el proceso cumplió con los requisitos exigidos por la ley, lo que mantiene la norma en una zona gris jurídica.
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El nuevo obstáculo surge tras denuncias sobre posibles vicios de procedimiento durante la discusión parlamentaria del 28 de junio. Según la representante Juana Carolina Londoño, el trámite podría haber incurrido en nuevas irregularidades:
“El orden del día no se aprobó por falta de quórum. Sin embargo, fue anunciada y se discutió el proyecto al día siguiente. A mi juicio y de varios congresistas, la Corte no había notificado formalmente su decisión, indispensable para que el Congreso actuara, no se debatieron los nuevos artículos. Se cambiaron unos vicios por otros comprometiendo nuevamente el proceso”.
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Colpensiones, en pausa obligada
La expectativa del Ejecutivo era comenzar la implementación del nuevo sistema desde el 1.º de julio. No obstante, la ley no puede aplicarse hasta que la Corte Constitucional emita un nuevo fallo. Así lo reconoció el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán:
“Es vital que la Corte falle a favor de la ley, es decir, la declare exequible. Y eso nos permitirá que Colpensiones reciba mucha más gente”.
En total, se estima que más de 19 millones de personas serán afiliadas a Colpensiones bajo los pilares contributivo y semicontributivo. Sin embargo, la entidad aún debe fortalecer varias áreas clave, como el sistema de historia laboral, la defensa judicial y la gestión de ingresos por aportes.
Desde el sindicato de Colpensiones, se insiste en que la planta de personal es insuficiente para asumir la carga operativa que impondría la reforma. Hugo Daniel Pulido, presidente del sindicato, subraya la urgencia de ampliar el equipo:
“Lo más importante es ampliar la planta de personal, en esto tenemos un consenso todos los trabajadores de este sindicato, seguimos siendo muy poquitos para tanto trabajo”.
Todo en manos del alto tribunal
La Corte Constitucional debe ahora revisar si el Congreso corrigió adecuadamente el vicio de trámite detectado en abril de 2024. El análisis puede tardar, especialmente si se abren nuevos expedientes o se acumulan demandas adicionales.
El caso está en manos del magistrado Héctor Carvajal, cercano al presidente Petro, y del también influyente Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño. Su rol en el fallo podría ser decisivo para el futuro de una de las reformas más ambiciosas del actual gobierno.
Por ahora, la reforma pensional sigue congelada. Aunque el Gobierno asegura estar preparado, cualquier avance depende de un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, que deberá definir si el texto aprobado por la Cámara cumple con los requisitos legales. Mientras tanto, millones de colombianos continúan a la espera.