Una condena contundente marca un precedente judicial en Colombia tras los graves hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2021. Cuatro personas, identificadas como miembros activos de la autodenominada ‘Primera Línea Portal Américas’, fueron halladas responsables de torturar a un civil al confundirlo con un miembro de la Policía Nacional.
Los sentenciados son Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johann Steven Sainea Rubio, Fernando Urrea Martínez y Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias ‘19’. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó su culpabilidad por los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada, en una decisión comunicada el pasado 20 de junio.
La noche del horror en el Parque Mundo
Los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando Luis Miguel Jaramillo Arias regresaba a casa tras su jornada laboral. Debido a los disturbios en las inmediaciones del Portal de las Américas, optó por caminar. Al pasar por el Parque Mundo, se acercó a un grupo que retenía a un hombre y fue acusado erróneamente de ser policía:“¡Tombo hijueputa, usted es un violador!”, le gritaron, según consta en el proceso judicial.
Fue sometido a amarras con cinta adhesiva y cordones de sus propios zapatos, golpeado con palos y maderas, rociado con gasolina y cubierto de pintura roja. La tortura se extendió por más de dos horas, hasta que fue rescatado por defensores de derechos humanos identificados con chalecos de la CIDH.
Una estructura organizada con logística y jerarquía
La investigación determinó que los agresores hacían parte de una red articulada que operaba desde campamentos improvisados. Allí almacenaban insumos para fabricar explosivos caseros y armas no convencionales. Además, implementaban sistemas de seguridad y atención médica, y dividían tareas entre líneas ofensivas y logísticas.
Un testigo clave del caso, Jaime Eduardo Castro Murcia, también denunció haber presenciado otras torturas cometidas por los mismos implicados, confirmando la existencia de una dinámica sistemática de violencia.
Una sentencia sin beneficios judiciales
El fallo no dejó lugar a atenuantes. Cada uno de los condenados recibió una pena de 175,5 meses de prisión (14 años y 7 meses), así como una multa equivalente a 1.549,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas durante ese mismo periodo.
La sentencia fue clara en su descripción del crimen:“Los acusados, se reitera, recurrieron a actos inhumanos, degradantes y completamente injustificados para imponerle un castigo personal para doblegar su voluntad, disminuir su capacidad física y mental…”, reza el fallo.
Ninguno de los cuatro recibirá beneficios como prisión domiciliaria o libertad condicional. Permanecerán bajo custodia del Inpec en centros penitenciarios del país.