Una decisión sin precedentes fue publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, en la que se reconoce de forma clara el derecho humano a un clima estable. Esta opinión consultiva surge como respuesta a una solicitud formulada en 2023 por los gobiernos de Colombia y Chile, y marca un nuevo estándar jurídico en materia de justicia climática en el continente.
La Corte subrayó que los Estados deben actuar de manera decidida para evitar que la crisis climática afecte de forma irreversible a la humanidad, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Como lo expresó la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, “el cambio climático conlleva riesgos extraordinarios” y “el éxito depende de todos nosotros”.
Compromisos legales para los Estados
El documento de más de 300 páginas establece que los Estados tienen el deber de:
- Reducir de forma urgente y efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Adaptarse a los impactos del cambio climático.
- Cooperar a nivel internacional.
- Combatir la desinformación sobre la crisis ambiental.
Además, se reconoce que estas obligaciones no solo aplican a los países firmantes del Pacto de San José, sino a todos los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluyendo Estados Unidos y Canadá.
Empresas altamente contaminantes bajo la lupa
Uno de los elementos más relevantes del fallo es la mención explícita a sectores con altas emisiones, como el de los combustibles fósiles, la industria cementera y la agroindustria. La Corte afirma que estas actividades generan un alto riesgo y, por lo tanto, deben asumir una mayor responsabilidad climática. Si no se alinean con los objetivos de protección ambiental, los Estados tienen la facultad de imponer restricciones, exigir reparaciones e incluso suspender las actividades contaminantes.
Justicia ambiental como oportunidad de transformación
Desde organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se destacó el potencial transformador del fallo. “Esto no es solo un cambio de combustibles fósiles a energías renovables”, indicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Es una oportunidad para una transformación estructural que corrija desigualdades históricas y proteja tanto a las personas como a los ecosistemas”.
La Corte también reconoció los derechos de la naturaleza y estableció que los Estados deben restaurar los ecosistemas dañados como parte de su obligación jurídica.
Camino abierto hacia COP30
La decisión de la Corte IDH se suma a una serie de opiniones consultivas internacionales que refuerzan el carácter legal del combate al cambio climático. Para Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el documento ofrece “una hoja de ruta muy rica para responder a la emergencia climática en toda la sociedad”.
Aunque las opiniones consultivas no son vinculantes, su carácter jurídico y ético las convierte en herramientas clave para litigios, legislación ambiental y negociación internacional, especialmente de cara a la próxima COP30 en Brasil.
Este pronunciamiento posiciona a América Latina como un actor decisivo en la defensa del planeta desde la óptica de los derechos humanos.