La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción disciplinaria ejemplar contra el mayor Wilson Orlando Sanjuan Blanquicett, quien se desempeñaba como jefe seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Metropolitana de Cartagena. El oficial fue destituido e inhabilitado por un periodo de 12 años, luego de confirmarse el uso indebido de bienes y personal oficiales para beneficio personal, en contravía de las normas que rigen la función pública.
Durante su suspensión oficial entre mayo y noviembre de 2020, periodo en el cual estaba formalmente apartado de cualquier actividad policial, Sanjuan Blanquicett utilizó un vehículo perteneciente a la Sijin-MECAR y un teléfono celular de uso institucional. La Inspección General de la Policía Nacional ya lo había inhabilitado para el ejercicio de cualquier función policial, sin embargo, se comprobó que continuó disponiendo de elementos del Estado de manera irregular.
Transporte habitual para su esposa
Además del uso de estos recursos, la investigación del Ministerio Público identificó que el mayor organizó y autorizó el uso de otro vehículo oficial, así como la asignación de un patrullero, para transportar de forma recurrente a su esposa, quien trabaja como funcionaria pública en la Seccional de Sanidad Bolívar de la Policía Nacional.
Los traslados incluían desplazamientos desde su lugar de residencia hasta su sitio de trabajo y otros destinos personales, evidenciando un uso sistemático de recursos públicos con fines ajenos al servicio policial.
La Procuraduría concluyó que el mayor “actuó con pleno conocimiento de su restricción, pero aun así organizó y facilitó el uso de vehículos, personal y equipos para atender asuntos personales”. Esta conducta fue calificada como falta gravísima, en contravención directa con los principios de legalidad, moralidad y responsabilidad que rigen la función pública.
La sanción de destitución e inhabilidad por 12 años impuesta al oficial busca reforzar el mensaje de que el uso indebido de recursos estatales no será tolerado, particularmente por parte de quienes ostentan cargos de mando y autoridad en instituciones del orden público.