El Gobierno de Gustavo Petro oficializó la eliminación de las diez curules automáticas que el partido Comunes —nacido de la extinta guerrilla de las Farc— tenía asignadas en el Congreso de la República como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Esta medida, anunciada mediante dos decretos, marca el cierre de una etapa transitoria que permitía la participación directa de esta colectividad en el escenario legislativo colombiano.
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Transición política con fecha de caducidad
Como parte de los compromisos adquiridos en el proceso de paz, se estipuló que los exintegrantes de las Farc tendrían representación directa durante dos periodos legislativos consecutivos: 2018-2022 y 2022-2026. Esta prerrogativa, limitada por el acto legislativo 03 de 2017, tenía carácter excepcional y su objetivo era facilitar la reincorporación política de los firmantes del acuerdo.
La reciente decisión del Ejecutivo da cumplimiento a lo pactado, dejando en claro que, a partir del próximo periodo constitucional (2026-2030), Comunes deberá competir en condiciones iguales al resto de los partidos.
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“De conformidad con lo anterior, para el periodo constitucional 2026-2030 y los subsiguientes no se habilita la asignación de dichas curules extraordinarias, por cuanto su naturaleza es estrictamente transitoria…”, se lee en el decreto revelado por El Tiempo.
Reacciones desde Comunes
El anuncio no pasó desapercibido dentro del partido. El senador Julián Gallo expresó preocupación por la forma en que el Gobierno ha priorizado el cumplimiento de este punto, mientras otros componentes del Acuerdo —como la reforma agraria o las garantías de seguridad— siguen rezagados.
“Sorprende la celeridad del Gobierno para hacer cumplir esa parte del Acuerdo, pero ojalá esa misma celeridad se viera en otros temas, como la distribución de tierras, los proyectos productivos y la reforma política”, afirmó Gallo en diálogo con W Radio.
A pesar del inconformismo, el senador señaló que están trabajando en una estrategia de convergencia con otros movimientos políticos para afrontar las elecciones de 2026, bajo la bandera de una coalición denominada “Unitarios”.
Riesgo de perder la personería jurídica
Más allá de la contienda electoral, otro desafío se cierne sobre Comunes: mantener su personería jurídica. Según la normativa vigente, los partidos deben alcanzar al menos el 3 % del total de votos en elecciones legislativas para conservar su estatus legal. Un reto significativo, considerando que en las votaciones de 2018 y 2022, el partido apenas superó el 0,34 % de los sufragios.
Un punto de inflexión en la implementación del Acuerdo
La eliminación de las curules reservadas puede interpretarse como una señal de maduración del proceso democrático pactado hace casi una década. Sin embargo, también abre interrogantes sobre las condiciones reales para una competencia política justa, especialmente en contextos donde persisten amenazas contra excombatientes y líderes sociales.
Con esta medida, el Gobierno cumple formalmente una cláusula esencial del Acuerdo de Paz, pero deja al descubierto la fragilidad de otros compromisos aún pendientes. La prueba de fuego para Comunes, y para la paz misma, llegará en 2026.