Una imagen desgarradora, filtrada por inteligencia militar, muestra a cinco líderes sociales y religiosos de Guaviare durante su secuestro, apenas momentos antes de ser ejecutados por disidencias de las Farc. La masacre ocurrió en el municipio de Calamar, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho personas dentro de una fosa común cavada por ellos mismos bajo coacción.
En la fotografía aparecen, de izquierda a derecha, Maryuri Hernández, Jesús Valero, Jaime Caicedo, Oscar García y Nixon Peñalosa, todos visiblemente sometidos por miembros armados de la estructura ‘Armando Ríos’, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
¿Quién dio la orden? Ya fue identificado
De acuerdo con el informe de inteligencia militar, la orden de asesinar a los líderes fue dada por Wainer Javier Valencia, alias ‘Wainer’, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc. Se le atribuye el control de las riberas de los ríos Unilla, Itilla, Vaupés y Apaporis, en jurisdicciones de Calamar y Miraflores (Guaviare).
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Alias ‘Wainer’ inició su carrera criminal en 2007 como guerrillero raso. Para 2014 ya era cabecilla de escuadra de la estructura ‘Oliver Sinisterra’, y en 2016 asumió como su jefe principal. Actualmente es el cabecilla político de la estructura ‘Armando Ríos’, responsable de la coordinación de acciones armadas, secuestros y estrategias de presión sobre comunidades.
Control territorial, instrumentalización y violencia
Según el mismo informe, ‘Wainer’ dirige una red de instrumentalización social, en la que utiliza presidentes de juntas de acción comunal para expandir las llamadas guardias campesinas. Estas estructuras tienen como objetivo frenar el accionar de la Fuerza Pública mediante asonadas civiles, donde la población es obligada a enfrentar al Ejército.
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Las autoridades advierten que esta modalidad busca consolidar un control territorial mediante estrategias político-militares que vulneran derechos humanos y anulan la presencia estatal en regiones críticas como Guaviare.
Aunque aún no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional, el caso ha sido puesto en conocimiento de organismos de derechos humanos y de justicia transicional. La comunidad local exige protección y justicia para las víctimas, así como acciones contundentes del Estado para frenar el avance de estos grupos armados ilegales.