La investigación por el intento de homicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha arrojado nuevos elementos sobre el perfil del adolescente de 14 años señalado como presunto autor del ataque. Mientras el político continúa en estado crítico en la Fundación Santa Fe, las autoridades han comenzado a reconstruir el entorno social y familiar del menor, actualmente bajo custodia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.
Durante una audiencia judicial realizada de manera virtual desde el hospital —donde el joven se recupera de una herida de bala en la pierna y múltiples contusiones—, se revelaron detalles sobre su historia de vida, incluyendo un perfil psicosocial elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Violencia intrafamiliar y abandono: el contexto del adolescente
Uno de los testimonios más relevantes fue presentado por una funcionaria del ICBF, quien citó a la tía del menor para ilustrar el ambiente violento en el que creció:
“Le pega puños, patadas, le dice groserías y lo regaña. Le dice: ‘Lo voy a romper’. Que si tiene que pagarlo, lo paga, lo trata a los madrazos y la situación se presenta desde hace bastante tiempo”.
De acuerdo con esta intervención, el menor habría estado expuesto a episodios recurrentes de violencia física y verbal por parte de su padre, quien, según versiones no confirmadas, se habría desplazado al extranjero con posibles vínculos en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, el joven residía con su abuela y un tío, en un entorno familiar fragmentado.
Anotaciones previas y paso fallido por programas sociales
El menor cuenta con cinco anotaciones en su historial por conductas violentas, agresiones y abandono. También fue vinculado al programa Jóvenes en Paz, impulsado por el gobierno nacional, aunque su participación fue breve y conflictiva:
“El informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”, señala la evaluación oficial.
Cooperación judicial y condiciones de detención
El adolescente ha comenzado a colaborar con las autoridades, buscando acogerse a un principio de oportunidad que podría reducir su sanción. La información entregada ha facilitado la identificación de otros implicados en la planeación del atentado.
Actualmente, el joven permanece en un espacio del búnker de la Fiscalía adecuado conforme a la legislación de infancia y adolescencia. Según explicó la periodista D’arcy Quinn en La FM:
“El joven sicario pasa sus días en un sitio especial del búnker de la Fiscalía que fue aprobado por el ICBF y que cumple con los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia”.
Además, un funcionario del ICBF lo acompaña permanentemente para asegurar el cumplimiento de sus derechos, como acceso a alimentación, luz solar y atención psicosocial.
Implicaciones legales: sanción y no pena
El abogado penalista Rogelio Roldán explicó que el caso podría derivar en un preacuerdo procesal, dependiendo de la colaboración del menor y la etapa del proceso. En ese contexto, aclaró:
“La jurisprudencia colombiana no ha sido pacífica. En el momento se puede registrar un preacuerdo dependiendo la etapa procesal. No hay que perder de vista que la ley, en la que la sanción, porque no se habla de pena, oscila de dos a ocho años”.
La situación del menor, su entorno y la naturaleza del delito han desatado un profundo debate en el país sobre la responsabilidad penal juvenil, la eficacia de los programas sociales y la necesidad urgente de abordar las causas estructurales de la violencia en menores.