El Consejo de Estado admitió formalmente una solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara David Racero, del movimiento político Pacto Histórico. La acción fue presentada por el ciudadano Samuel Ortiz, quien señala al congresista por su presunta participación en actos de tráfico de influencias relacionados con contrataciones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
La decisión fue tomada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Jorge Iván Duque, quien verificó el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la Ley 1881 de 2018, norma que regula los procesos de pérdida de investidura de congresistas.
Con la admisión del caso, se abre una etapa judicial que podría tener como resultado la llamada “muerte política” de Racero, es decir, la pérdida definitiva de su curul y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El congresista deberá ser notificado personalmente y contará con cinco días hábiles a partir de ese momento para presentar un escrito de defensa y solicitar o aportar las pruebas que considere necesarias para sustentar su posición.
Contexto del caso: señalamientos por supuestas irregularidades en el SENA
La solicitud ante el Consejo de Estado surge en medio de una indagación previa abierta semanas atrás por la Procuraduría General de la Nación, en la que también figura el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.
Según el ente de control, ambos funcionarios estarían implicados en la presunta comisión de irregularidades en procesos contractuales dentro del SENA, aunque por ahora no se ha hecho pública evidencia concluyente ni se han formulado cargos.
¿Qué podría pasar?
La pérdida de investidura es una de las sanciones más severas en el ordenamiento jurídico colombiano. De comprobarse alguna de las causales establecidas, como tráfico de influencias o indebida intervención en procesos administrativos, el Consejo de Estado podría dejar sin efecto la curul del congresista y prohibirle ocupar cargos públicos por el resto de su vida.
Por ahora, el proceso está en etapa preliminar, y se deberá esperar el desarrollo de las pruebas y los descargos de las partes antes de que se emita una decisión de fondo.