El Ejecutivo colombiano emitió la resolución 186 de 2025, mediante la cual se suspende la entrega a las autoridades estadounidenses de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias ‘Mocho Olmedo’, señalado por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico. Esta medida se toma pese a que en mayo la Corte Suprema de Justicia había avalado su extradición, luego de confirmar que se cumplían todos los requisitos constitucionales y legales exigidos.
No obstante, la Corte también había advertido que cualquier entrega debía garantizar el respeto por los derechos del procesado. Aun así, el Gobierno optó por frenar el proceso con base en su facultad presidencial, argumentando que la extradición podría interferir en las negociaciones que actualmente sostiene con el frente 33 de las disidencias, agrupación armada en la que ‘Mocho Olmedo’ tiene rol de liderazgo.
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La resolución, publicada el 26 de junio, detalla que la suspensión se mantiene únicamente mientras Henao participe de forma comprobable en la mesa de diálogos de paz, se acoja al marco de la Ley 2272 de 2022 (Paz Total) y actúe como negociador. Si incumple estas condiciones, la suspensión quedaría sin efecto.
Alias ‘Mocho Olmedo’ es solicitado por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de cuatro delitos graves: concierto para distribuir e importar sustancias controladas, concierto para cometer lavado de activos y tentativa de lavado de dinero. El juicio se adelantaría en el estado de Florida, donde las autoridades norteamericanas afirman tener evidencia de su participación directa en operaciones internacionales de narcotráfico.
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Según investigaciones, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, Henao habría sido copropietario de un laboratorio de cocaína en Colombia y negociado cargamentos de droga que tendrían como destino el mercado estadounidense. Dichos hechos habrían sido cometidos durante el gobierno del expresidente Donald Trump, cuyas agencias de seguridad impulsaron los cargos.
Esta decisión del Gobierno Petro reabre el debate sobre los límites de la Paz Total, la cooperación judicial internacional y la delgada línea entre la búsqueda de reconciliación y la impunidad frente a crímenes trasnacionales.