En medio del revuelo político por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una nueva polémica se suma al debate: la demanda de pérdida de investidura que interpuso el sindicalista Carlos Sánchez, presidente de uno de los sindicatos del Ministerio de Defensa.
En entrevista con Semana, el dirigente sindical sostuvo con firmeza su decisión de acudir al Consejo de Estado con una acción jurídica que podría dejar sin curul al senador del Centro Democrático. La base de su demanda: que Uribe Turbay estaría haciendo proselitismo político en el momento del ataque que sufrió el pasado 7 de junio, algo que —según él— contraviene la ley.
“No me arrepiento de haber interpuesto la demanda (…) Nos mantenemos y no le vemos problema a eso”, aseguró Sánchez, quien también criticó el cubrimiento mediático del caso: “Nos tiene extrañados que se le dé tanta importancia a esto, cuando todos los días asesinan líderes sociales y policías”.
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La declaración ha generado controversia, pues la demanda se presentó justo en medio de la investigación por el atentado contra el senador, hecho que ha captado la atención nacional. Además, distintos sindicatos del sector Defensa han rechazado públicamente la acción interpuesta por Sánchez, señalando que no representa un consenso colectivo dentro del gremio.
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Según explicó el propio sindicalista, la acción jurídica es una práctica común dentro del sindicato, que tiene como costumbre ejercer vigilancia sobre asuntos de interés público y político. “Entendemos que el sindicalismo tiene un sentido amplio, que todo le compete, máxime en un tema político como el de Miguel Uribe”, puntualizó.
Miguel Uribe, quien se encuentra en proceso de recuperación tras el atentado, no se ha pronunciado directamente sobre esta demanda. Sin embargo, desde su entorno han calificado la acción como una maniobra política que busca debilitar su imagen y candidatura.
El Consejo de Estado ahora tendrá la responsabilidad de determinar si hay mérito jurídico en la demanda presentada por Sánchez. Mientras tanto, el caso continúa alimentando el debate sobre los límites del proselitismo, el papel del sindicalismo en la política y el uso de herramientas legales como estrategia de confrontación electoral.