A raíz del atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, han surgido cuestionamientos sobre una posible omisión por parte de la Fiscalía General de la Nación. El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, aseguró que el ente investigador fue advertido de un posible plan criminal meses antes del ataque.
Según relató el congresista, el 20 de noviembre de 2024 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y la Dirección de Protección de la Policía Nacional. En dicha alerta, advirtió sobre amenazas provenientes de Algeciras (Huila), específicamente de estructuras criminales conocidas como las “Pisas” o “Pisas Suaves”, las cuales estarían desplazando comandos urbanos hacia Bogotá con el objetivo de atentar contra miembros del partido Centro Democrático.
“Entregué toda la información para que estas autoridades tomaran algún tipo de acción. Ahora, ya consumado los hechos, he preguntado a la Fiscalía qué trámite se le dio a esa denuncia y sigo esperando”, afirmó Uscátegui.
Entre los nombres señalados como posibles objetivos figuraban el propio Uscátegui, Miguel Uribe y otros legisladores de oposición. El representante señaló que entregó detalles como direcciones en la capital, coordenadas específicas y estructuras sospechosas. No obstante, asegura que en siete meses no ha habido ningún acto formal de indagación relacionado con esa denuncia.
Tras el atentado, Uscátegui presentó un derecho de petición el 13 de junio para conocer el estado del trámite de su advertencia, pero no ha recibido respuesta.
“Es muy delicado que meses antes la Fiscalía y las autoridades hayan tenido una información, una alerta como esa y que no se haya actuado. Y eso apunta o contribuye a la idea de que esto fue un crimen de Estado y por eso pedimos a la Fiscalía la máxima transparencia y celeridad, porque ellos ya estaban alertados”, añadió.
Fiscalía defiende su papel, mientras crecen las dudas
Por su parte, la Fiscalía publicó un comunicado el 12 de junio en el que denunció filtraciones en la investigación, pero también defendió su capacidad institucional para llevar el caso con independencia. Esto, en respuesta a la solicitud del presidente Gustavo Petro para que una comisión internacional, como la ONU, asuma parte de la investigación.
“La Fiscalía General de la Nación tiene plena legitimidad y solidez institucional, operativa y funcional para adelantar el proceso por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, afirmó el organismo.
El reclamo de Uscátegui pone presión sobre las instituciones judiciales, al tiempo que el país exige respuestas claras sobre cómo se permitió un ataque de tal magnitud contra un congresista, pese a las advertencias formales previas.
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