La reforma laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso clave hacia su aprobación final, luego de que los conciliadores designados por Senado y Cámara llegaran a un acuerdo para unificar el texto. Con este consenso, el proyecto podrá ser votado en las plenarias de ambas corporaciones este viernes 20 de junio.
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Luego de que cada cámara aprobara versiones diferentes del articulado, los presidentes del Senado y la Cámara, Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca, nombraron a los legisladores encargados de liderar la conciliación. Salamanca eligió a María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), dos congresistas afines al Gobierno. Por su parte, Cepeda designó a los senadores Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Juan Samy Merheg (Partido Conservador), ambos con posturas críticas frente al Ejecutivo.
Inicialmente, el proceso parecía encaminado al fracaso. Jiménez advirtió que no aceptarían “ningún artículo de Cámara”, lo que generó temor de que la falta de consenso llevara al hundimiento del proyecto, pues si alguna plenaria rechaza el informe de conciliación, la reforma se cae automáticamente.
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Sin embargo, en una reunión privada entre los cuatro conciliadores se logró un acuerdo político: acoger el texto aprobado por el Senado, el cual incorpora cerca del 85 % de lo negociado durante los dos años de trámite legislativo.
“Decidimos acogernos al texto del Senado porque recoge buena parte de lo conciliado y revierte artículos regresivos. Además, mejora algunos puntos clave de la reforma”, confirmó la representante María Fernanda Carrascal.
Lo que viene: votación clave este viernes
El informe de conciliación será radicado este jueves 19 de junio, para ser anunciado y programado en el orden del día del viernes 20. Si las dos plenarias lo aprueban, el proyecto pasará a sanción presidencial, quedando oficialmente convertido en ley.
Esta reforma laboral es una de las apuestas centrales del gobierno Petro. Busca cambios en las condiciones de contratación, garantías laborales y derechos colectivos, y ha estado rodeada de tensiones políticas desde su presentación inicial.
Con este acuerdo, la administración Petro logra una victoria legislativa clave en medio de un escenario político complejo y con miras a las elecciones regionales de octubre.