Una decisión judicial del Consejo de Estado ha dejado en suspenso el decreto presidencial 0639, mediante el cual el presidente Gustavo Petro buscaba convocar a una consulta popular en todo el país. La medida fue adoptada este 18 de junio por la Sección Quinta de esa corporación judicial, que se reunió en una sala extraordinaria para debatir una solicitud de medida cautelar dentro de una demanda de nulidad.
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Aunque la demanda aún no ha sido resuelta de fondo, el alto tribunal decidió suspender provisionalmente los efectos del decreto. Esto implica que no podrá llevarse a cabo ningún proceso de votación relacionado con la consulta hasta que el Consejo de Estado emita un fallo definitivo sobre su legalidad.
Fundamentos de la demanda
La acción judicial fue interpuesta por un grupo de 12 senadores que argumentan que el decreto presidencial vulnera principios constitucionales, debido a que desconoce el concepto negativo emitido previamente por el Senado frente a la convocatoria.
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Los congresistas que firmaron la demanda consideran que el Gobierno pasó por alto este pronunciamiento legislativo, lo que, a su juicio, constituye una violación al debido proceso y al equilibrio de poderes.
La senadora Esperanza Andrade, una de las demandantes, expresó: “El presidente no puede desconocer las funciones del Congreso ni ignorar un pronunciamiento negativo del Senado”. De igual forma, su colega Germán Blanco Álvarez afirmó: “Esta decisión es una defensa de la institucionalidad democrática del país”.
Senadores demandantes
Los parlamentarios que presentaron la demanda ante el Consejo de Estado son:
- Efraín Cepeda Sarabia
- Marcos Daniel Pineda García
- Nadia Blel Scaff
- Mauricio Giraldo Hernández
- Lorena Ríos Cuéllar
- Carlos Fernando Motoa
- Germán Blanco Álvarez
- Samy Merheg
- Juan Carlos García Gómez
- Antonio Luis Zabaraín
- Esperanza Andrade Serrano
- Soledad Tamayo Tamayo
La suspensión provisional del decreto abre un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto donde el alcance del poder presidencial sigue siendo objeto de intensos debates jurídicos y políticos.