El problema de los mapas es que convierten líneas, nombres y fronteras en verdades que damos por sentadas. Nos dicen, por ejemplo, que hay líneas imaginarias que separan territorios o ríos. También nos crean ideas de permanencia: el mapa oficial de Colombia ha sido prácticamente el mismo desde antes de 1991; así lo recordamos, así se enseña en los colegios.
Y, sin embargo, ese mapa ha cambiado —y sigue cambiando— sin que el papel lo muestre. Basta mirar la Amazonía, donde entre 1985 y 2023 se talaron 3,8 millones de hectáreas de bosque, casi el tamaño de Suiza.
Pero los mapas tienen otro problema: nos crean una ilusión de distancia que hace pensar que lo que ocurre lejos poco tiene que ver con nosotros. Para la mayoría de quienes vivimos en las ciudades, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, inhóspito, casi deshabitado. La imaginamos como un paisaje exuberante y verde, con animales exóticos y plantas diversas.
Pero ese mapa —mental y oficial— está a un paso de cambiar.
La Constitución de 1991 estableció en el papel la creación de las ETI, una figura político-administrativa —una forma en la que se delimita, se administra y se gobierna un territorio—, que se sumó a otras ya existentes, como los municipios y departamentos.
Las ETI se reconocieron para reflejar el país plural y diverso que es Colombia, pero también para responder mejor a las realidades en los territorios, donde los pueblos indígenas tienen una relación con el lugar que habitan muy diferente a la que tenemos quienes vivimos en las ciudades.
Después de 34 años de espera, el Estado podría, por fin, reconocer algo que ya ocurre en la realidad: en la Amazonía, decenas de pueblos indígenas gobiernan según sus prácticas culturales y conocimientos. Estas formas ancestrales de gobernanza han sido esenciales para preservar el bosque tropical más extenso y mejor conectado del mundo y proteger sistemas vitales como los “ríos voladores” que llevan lluvia desde el océano a los Andes.
Actualizar el mapa de Colombia con las ETI no solo salda una deuda histórica; es, sobre todo, una apuesta por la supervivencia de todos.
Esto es posible porque en 2018, un decreto ley precisó las condiciones necesarias para formalizar esos gobiernos, específicamente para los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés —en la Amazonía oriental, fronteriza con Venezuela y Brasil—, donde hay “áreas no municipalizadas”, una figura inexistente en la ley, pero común en el habla cotidiana, que se refiere a territorios indígenas que no hacen parte de ningún municipio.
“El tema de las ETI para nosotros es muy importante porque es una herramienta para la protección del territorio, es ese blindaje al territorio; nos ayuda a ser autónomos, a ejercer la libre determinación, a que gobernemos de acuerdo a nuestro Plan de vida”, dice Kenny Johana Yucuna, secretaria de las Mujeres dentro del Consejo Indígena —la instancia de gobernanza— del territorio Mirití Paraná, en el departamento de Amazonas.
“Va a ser algo histórico”, dice Yucuna. Habla del momento en el que las ETI, por fin, se formalicen después de tantas trabas y burocracias administrativas.
Mirití Paraná, de donde es Yucuna, es uno de los cuatro territorios indígenas que integran el Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí. Los otros son el Yaigojé Apaporis, el Pirá Paraná y el Río Tiquié, agrupados en esta instancia de coordinación que se formalizó en marzo de 2024. En estos cuatro territorios, que buscan constituirse como ETI, habitan más de 30 pueblos indígenas, como los Yucuna, Matapí, Tanimuca, Letuama, Itano, Miraña, Cubeo, Uitoto, entre otros.
Tres de esos cuatro territorios, sumados a los de Bajo Río Caquetá y PANI, todos ubicados en Amazonas y Vaupés, están entre los que más avances registran en el camino para formalizarse como ETI. Esto luego de la expedición del Decreto ley 488, del 5 de mayo de 2025, que permitió avanzar en temas que estaban pendientes.
Entre el 6 y el 21 de mayo, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió seis actos administrativos que certifican el tamaño y límites de cada jurisdicción, las proyecciones poblacionales del DANE y otros detalles necesarios para formalizar las ETI. Pero aún falta que el gobierno les dé luz verde tras procesos de socialización y “diálogos interculturales” que deben realizarse con otros actores locales.
El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, quien ha estado al frente de los diálogos sobre el tema, dijo en entrevista telefónica que ahora viene una etapa de “pedagogía” con los gobiernos municipales y departamentales “para que de verdad reconozcan a los pueblos indígenas más que nominalmente, en términos administrativos y de recursos”.
“El reto no es administrativo, no es financiero, no es legal. El reto es cómo uno se relaciona con el otro”, señaló. “Algunos gobernantes sienten que se socava su poder administrativo (...) ven a los pueblos indígenas como menores de edad y sin capacidad de administrar grandes sumas de recursos”, explicó. No solo para el caso de la Amazonía, sino para otras zonas como Sucre o Cauca, que también contemplan la posibilidad de formalizar las ETI.
Rondón prevé que el camino no será fácil: “Sabemos que estos procesos van a ser demandados por personas que sienten que sus derechos van a ser afectados”. Se refiere a funcionarios locales, pero también a colonos y empresas.
Del lado del gobierno, Rondón afirmó que tienen “absolutamente toda la voluntad” para concretar las ETI en la Amazonía oriental colombiana y otras regiones. “Tenemos la meta de este año dejar todo organizado. 2025 es el año de la organización y de finiquitar muchas cosas que ya están andando”, dijo.
Un camino de avances, pero con un gran deudor
En una sentencia reciente, de marzo de 2025, como en otras cinco emitidas previamente, la Corte Constitucional reiteró que la constitución efectiva de las ETI era algo “necesario”, “urgente”, “imprescindible” e “impostergable”, y que permitirá cumplir con la promesa constitucional de un Estado “multicultural y pluriétnico”, donde los pueblos indígenas puedan gestionar su territorio desde sus saberes y costumbres y ser reconocidos como autoridades públicas.
Actualmente, 25 territorios indígenas en la Amazonía oriental han expresado su voluntad de formalizarse como ETI o ya están en el proceso; 20 tienen algún grado de avance y otros cinco han expresado su interés, pero aún no han dado pasos efectivos.
Todos esos territorios, donde habitan más de 45 pueblos indígenas, cubren el 36 % de la Amazonía colombiana y juegan un papel crucial en su conservación. Estos territorios mantienen el 99,5 % de sus coberturas naturales intactas, según la iniciativa de monitoreo MapBiomas Colombia.
Con el cambio climático y la crisis ambiental que atraviesa el mundo, la Amazonía se ha vuelto un lugar central de conservación. Es un bioma clave para la regulación del clima global al absorber carbono y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera.
Todo esto está hoy amenazado por el aumento de la deforestación, la minería ilegal y la expansión agrícola, a la que también resisten los pueblos indígenas.
“El cuidado del medio ambiente lo hacemos desde nuestro sistema de conocimiento, no porque alguien nos pide, no porque queremos salvar, sino que esa es la responsabilidad, eso lo llevamos en la sangre”, dice Wilmer García, el líder indígena del Pirá Paraná.
De ahí nace la importancia de fomentar políticas que entiendan la vocación ambiental de los territorios de la Amazonía. Una de ellas es garantizar su gobernanza, reconociendo como autoridades estatales a quienes lo han venido siendo de facto, por siglos. Las ETI representan el tipo de gobierno que responde a esa realidad.
A miles de kilómetros de la Amazonía, en el Congreso colombiano, los legisladores están en mora de aprobar la ley de ordenamiento territorial que regule las ETI.
Han pasado 34 años en lo que poco o nada ha sucedido en el Legislativo. De hecho, ha pasado lo contrario. Cuando el Congreso promulgó en 2011 la Ley 1454 definió las reglas para organizar a los municipios, departamentos y distritos del país, pero dejó por fuera a las ETI. Ignoró así la figura que la Constitución de 1991 creó para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.
“Su inacción [la del Congreso] para materializar esta normativa integral vulnera los derechos de los pueblos indígenas”, recuerda la Corte en uno de sus reiterados llamados al Congreso para que cumpla con su deber.
La Constitución estableció la competencia del Congreso para legislar sobre las ETI, pero mientras eso ocurría, otorgó a los gobiernos la facultad de avanzar en su reglamentación mediante el artículo transitorio 56. Así se han sentado las bases para su funcionamiento, primero con el Decreto Ley 632 de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y más recientemente, durante el gobierno de Gustavo Petro, con cuatro decretos más, incluido el último, el 488 de mayo de 2025.
“Ahora los pueblos indígenas y el resto de la institucionalidad del Estado cuentan con una estructura normativa completa que permite no solo la formalización de las ETI, sino las bases para la coordinación efectiva entre todas las autoridades públicas”, destaca Julieth Rojas, de Gaia Amazonas. Así, además, se podrán consolidar los aportes de estos pueblos “para garantizar la continuidad de la vida en todas sus dimensiones, mantener los ecosistemas estratégicos y conservar la biodiversidad en beneficio” de todo el país.
El Decreto ley 632 “abre la línea para decir que estos gobiernos indígenas pueden ser autoridades públicas, integradas al ordenamiento territorial del Estado, con una capacidad de orientar políticamente y de administrar los recursos públicos”, explica Juan Camilo González, subdirector de Fundación Etnollano. Pero faltaba “la filigrana” y eso llegó con el decreto 488 de mayo pasado. Esto incluye detalles sobre el financiamiento de estos territorios indígenas, la posibilidad de ampliar las ETI a todo el país y las rutas para que cada entidad estatal involucrada en el proceso actúe.
Los pasos para la formalización incluyen la creación de “consejos indígenas” como figura de gobierno. A diferencia de los municipios, donde hay un alcalde, los consejos indígenas son colectivos y responden a las formas organizativas propias de cada pueblo. Otro paso es la formalización de los “planes de vida”, documentos que recogen el modelo de organización, tradiciones y cosmovisiones. Además, la normativa habla del desarrollo de “diálogos interculturales” entre las autoridades indígenas y los funcionarios estatales y locales.
Carlos Gaitán, coordinador de Territorio, Medioambiente y Cambio Climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explica las dificultades para formalizar las ETI: “Es muy difícil frentear un proceso así ante burócratas, ante gente que no quiere a los pueblos indígenas, que tiene otras apuestas”.
“Ellos apuestan más a hacer fincas grandes y dicen: ‘ellos [los indígenas] no trabajan, no hacen fincas, no tienen esa expectativa de progreso’. Esa es la mentalidad del mundo blanco, que nosotros llamamos, pero para nosotros [la mentalidad] es la conservación”, explica.
Mientras tanto lo que parece estar cerca es la puesta en marcha de las primeras ETI luego de un largo proceso que ha evidenciado el profundo desconocimiento de las autoridades que gobiernan desde las ciudades.
“Les hemos dicho quiénes somos, les hemos dicho: ‘conozcan cómo estamos constituidos políticamente, administrativamente, culturalmente. Conózcanos primero. Luego dialogamos sobre qué creemos y cómo queremos avanzar”, dice el líder indígena Wilmer García.
El país que conocemos está a un paso de cambiar en el mapa, pero también en el reconocimiento de los pueblos indígenas.
En la próxima COP 30 (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), que se realizará en Brasil, en noviembre, el Estado colombiano podría anunciar la formalización de las algunas ETI en la Amazonía. Sería una muestra clara de su compromiso con la protección de la naturaleza y el reconocimiento de los pueblos que la conservan.
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*La Fundación Gaia Amazonas y La Liga Contra el Silencio se unieron en un proyecto, del que hace parte este reportaje, para crear contenidos periodísticos sobre las ETI y divulgar su importancia y los desafíos actuales para su formalización.