Mientras el país sigue conmocionado por el atentado que dejó gravemente herido al senador Miguel Uribe Turbay —presuntamente perpetrado por un menor de edad—, se intensifica el debate en el Congreso sobre el futuro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). El proyecto de ley presentado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Justicia busca restringir el uso de la reclusión como sanción principal para adolescentes infractores.
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La propuesta oficial plantea que las medidas privativas de libertad se utilicen de forma excepcional, privilegiando enfoques restaurativos, pedagógicos y diferenciales. “Establecer el uso de las sanciones privativas de la libertad de manera excepcional y por el menor tiempo posible; y promover las medidas alternativas centradas en la finalidad restaurativa del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)”, explicó el Ministerio de Justicia.
Fuerte crítica desde la Comisión de Infancia y Adolescencia
En medio del contexto nacional de inseguridad y el creciente protagonismo de menores en actividades delictivas, la representante a la Cámara Erika Sánchez se ha pronunciado con contundencia en contra de esta reforma. Como presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, sostiene que el sistema actual ha fracasado en su objetivo de reintegración social.
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“No se trata de criminalizar la infancia, sino de poner límites claros. Colombia necesita dejar de privilegiar a los agresores por encima de las víctimas. Hay delitos que exceden la capacidad del sistema penal juvenil y no pueden seguir siendo tratados con benevolencia”, manifestó la congresista.
Sánchez ha calificado el actual modelo como “permisivo, ineficaz y desarticulado”, argumentando que ha sido explotado por estructuras criminales para reclutar menores con la promesa de impunidad. En cifras recientes, denunció que en 2024 al menos 168 adolescentes ingresaron al sistema penal juvenil señalados de homicidio, y que la reincidencia ronda el 20 %, sin que existan métricas claras sobre los resultados.
Como alternativa, la Comisión propone establecer un sistema de indicadores que permita medir la efectividad real del SRPA. Según la representante Sánchez, estos indicadores deben contemplar dimensiones como educación, salud, reincidencia, y desarrollo emocional y social de los adolescentes procesados.
Mientras tanto, la discusión sobre este proyecto de ley promete polarizar aún más el ambiente político, en un momento en que la seguridad ciudadana y la justicia juvenil se cruzan de manera crítica en el debate público.