Guaviare vive una pesadilla humanitaria. La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas este 11 de junio por una escalada de violencia entre disidencias de las FARC que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y bloqueos en zonas rurales del departamento, particularmente en Charras Boquerón (San José del Guaviare) y el caserío La Paz (El Retorno).
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Según la entidad, la situación de seguridad se deterioró drásticamente desde el pasado domingo 8 de junio, cuando en La Paz se impidió el ingreso de civiles, incluidos docentes. Estudiantes y personal escolar fueron evacuados de forma improvisada, sin condiciones mínimas de seguridad ni acompañamiento institucional. La comunidad se desplaza por miedo, sin garantías ni respuesta del Estado.
En Charras Boquerón, la crisis es aún más crítica: los habitantes se encuentran confinados, las vías están bloqueadas y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales ocurren a pocos metros de las viviendas. Además, se han registrado ataques directos contra patrullas del Ejército, elevando el riesgo de una confrontación generalizada.
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Esta escalada violenta es producto de la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá, y los Frentes 1 y 44 del Bloque Amazonas, bajo el mando de Iván Mordisco. Esta confrontación ya había sido advertida en la Alerta de Inminencia 001-25, que señalaba el riesgo inminente para las comunidades, pero no se tomaron medidas preventivas eficaces.
La Defensoría exigió al Gobierno nacional activar de inmediato un corredor humanitario que permita la salida segura de civiles y el ingreso de ayuda. También urgió fortalecer el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y garantizó su participación en la reunión extraordinaria del CIPRAT convocada para el 16 de junio en San José del Guaviare.
Con esta situación, el Guaviare se suma a los departamentos donde la reconfiguración del conflicto armado amenaza directamente la vida de comunidades campesinas e indígenas. La falta de acción inmediata podría agravar aún más una crisis que ya vulnera el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y deja en evidencia la fragilidad institucional frente al poder territorial de los grupos armados.