Contra todo pronóstico, y en medio de un país sacudido por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y una creciente oleada de violencia, el presidente Gustavo Petro firmará este miércoles el decreto que convoca oficialmente la consulta popular para el próximo 7 de agosto.
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La decisión se da mientras Colombia atraviesa un momento de alta tensión política e institucional. Según cifras de la Federación Nacional de Departamentos, en los primeros 10 días de junio se han registrado más de 30 actos violentos, incluyendo ataques terroristas recientes en Cali y el atentado armado contra Uribe Turbay, uno de los más fuertes críticos del Gobierno.
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El mandatario insiste en que el país debe ir a las urnas, así los cabildos abiertos como el convocado en Cali sean cuestionados incluso por el propio alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien advirtió que “no es el momento de movilizar masas ni de encender más polarización”.
Pese al clima adverso, Petro avanza con su plan. Todos sus ministros ya firmaron el decreto de la consulta. El presidente fue claro: quien no firme, se va del gabinete. El documento será rubricado hoy, ya sea desde Cali —si logra viajar pese a los riesgos de seguridad— o desde Bogotá, como alternativa.
El decreto tiene como cerebro al recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, exfiscal general, quien ha argumentado que la votación del Congreso que negó la consulta fue “irregular” y que hay razones jurídicas para avanzar con el mecanismo. Según Montealegre, el Congreso desechó una impugnación legítima presentada por la senadora María José Pizarro y cerró la votación en apenas tres minutos.
Desde el Congreso, la respuesta no se hizo esperar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que se acudirán a instancias como la Corte Constitucional para frenar lo que calificó como un “golpe institucional”. Para Cepeda y otros críticos, el presidente está desconociendo el rol del Legislativo.
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Incluso el expresidente Juan Manuel Santos, cercano en algunos puntos a la agenda de Petro, lo instó públicamente a no firmar el decreto. “Este no es el momento de dividir más al país”, dijo tras el atentado contra Uribe Turbay.
El movimiento coincide con otro momento clave: este miércoles, el Senado reactiva el debate final de la reforma laboral, una de las grandes apuestas del Gobierno. Paradójicamente, la consulta popular que Petro impulsa tiene 12 preguntas ligadas directamente a esa reforma, razón por la cual el Congreso insiste en que no es necesaria.
Mientras tanto, la vida política del país se tambalea. La figura de Uribe Turbay, aún hospitalizado en la Fundación Santa Fe, se convierte en un símbolo de la fragilidad institucional. La violencia política ha regresado al centro del debate, evocando las heridas abiertas desde los años noventa.