En medio de un creciente escándalo que sacude los cimientos de Ecopetrol, una investigación del medio Semana reveló que Ricardo Roa, presidente de la compañía más importante del país, enfrenta cinco procesos disciplinarios abiertos en la Procuraduría General de la Nación. Las investigaciones, que también involucran a su pareja, Julián Caicedo, plantean serias dudas sobre la integridad en la administración de la petrolera estatal y los posibles conflictos de interés que hoy encienden las alarmas en el alto gobierno.
Campaña presidencial y tope de financiación
El primer proceso se remonta al 13 de diciembre de 2023, cuando la Procuraduría abrió una investigación contra Roa por supuestas irregularidades en su rol como gerente de la campaña Petro presidente. La situación se agravó cuando, en mayo de 2024, la entidad le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo sancionara por violar los topes de financiación de campaña y por ocultar gastos relevantes.
Efectos económicos en Ecopetrol
La segunda indagación, que data del 18 de febrero de 2024, examina las decisiones de Roa al frente de Ecopetrol por posibles afectaciones a la economía nacional. Según informes internos, los resultados financieros de la empresa han caído abruptamente desde su llegada, encendiendo las alarmas sobre su gestión. Inclusive, firmas legales internacionales fueron contratadas para evaluar el impacto reputacional de los escándalos en los mercados extranjeros.
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En abril, la Procuraduría abrió un tercer proceso por la reiterada negativa de Roa a acudir a citaciones de la Comisión Constitucional del Congreso. Y el pasado 3 de junio, una nueva investigación se sumó al expediente: la adquisición de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá, presuntamente en conflicto con sus funciones ejecutivas en Ecopetrol. La Procuraduría señala que estas decisiones podrían haber comprometido la imparcialidad de la empresa en su toma de decisiones estratégicas.
El caso de Julián Caicedo
Julián Caicedo, pareja sentimental de Roa, también enfrenta un proceso disciplinario desde noviembre de 2023. Se le investiga por un presunto conflicto de intereses al haber firmado un contrato con la Universidad Pascual Bravo mientras era asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías). Esta situación podría constituir una inhabilidad y violación al régimen de contratación pública. El caso aún está en etapa probatoria, y se estima que prescribirá en agosto de 2027.
¿Interceptaciones ilegales?
La polémica no se detiene allí. Recientemente se conoció que, Roa habría intentado identificar el origen de filtraciones en Ecopetrol mediante un contrato orientado a “retener y preservar” comunicaciones de al menos 70 altos funcionarios de la estatal. Esta maniobra, calificada por expertos como grave, podría constituir una violación disciplinaria y posiblemente penal si se comprueba una interceptación irregular de datos internos.
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La sombra de la corrupción y los abusos de poder rodea al actual presidente de Ecopetrol. Ricardo Roa, hoy en la mira de la Procuraduría, enfrenta no solo cuestionamientos por su gestión empresarial, sino también por posibles faltas éticas, legales y administrativas que comprometen la transparencia institucional. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si su permanencia en el cargo es sostenible frente a la magnitud de las investigaciones que avanzan en su contra.

