En la empresa más poderosa del país, Ecopetrol, se desató una tormenta que podría desembocar en la salida de su actual presidente, Ricardo Roa. Según una investigación revelada por Semana, Roa y el director de Cumplimiento, Alberto José Vergara, habrían orquestado una operación clandestina de interceptaciones y persecución contra funcionarios de alto rango, incluyendo miembros de la junta directiva.
Los detalles conocidos por la revista Semana sugieren que, bajo el pretexto de una retención documental, se habría accedido a comunicaciones privadas de al menos 70 personas dentro de la organización, en lo que se perfila como un caso de vigilancia sin autorización interna. “Lo que se ha hecho es una retención documental de la información, jamás una interceptación”, afirmó Vergara, intentando desestimar las acusaciones. Sin embargo, los testimonios recogidos muestran un panorama muy distinto.
Los objetivos: críticos internos y figuras clave
Entre los afectados por estas supuestas acciones están nombres de peso como Saúl Kattan, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, exmiembros de la junta directiva. A Kattan se le habría intervenido su correo y celular con el argumento de que conspiraba para remover a Roa de su cargo. “Él tenía una costumbre y era contarle a Vergara todo lo de las diligencias del comité de auditoría de junta directiva”, aseguró una fuente consultada.
También se identificó una estructura informal dentro de la Dirección de Cumplimiento que operaba al margen de los protocolos corporativos y respondía únicamente a intereses particulares. Dicha área, en principio creada para velar por el cumplimiento ético, se habría transformado en un instrumento para amedrentar y desacreditar a quienes no compartían la línea del presidente de la compañía.
Acoso, misoginia y despidos arbitrarios
Además de las acusaciones por espionaje corporativo, Vergara enfrenta denuncias por acoso sexual y laboral. Al menos cuatro exfuncionarias decidieron llevar su caso a la Corte Constitucional, señalando tratos discriminatorios, comentarios inapropiados y represalias laborales. Una de ellas relató: “Siempre habla de nuestra ropa, nuestros cuerpos, era muy manoseador y hasta llegaba a los puestos a hacernos masajes”.
Varios testimonios indican que, tras denunciar estos comportamientos, muchas mujeres fueron despedidas sin justificación. De hecho, Clara Marcela Valdivieso logró ser reintegrada mediante sentencia judicial tras demostrar persecución por parte del directivo.
¿Qué sabían Roa y la junta directiva?
El contrato que facilitó el acceso masivo a comunicaciones internas, por más de 5 millones de dólares, no habría sido aprobado por la junta. De acuerdo con Semana, se trata de un otrosí firmado por Vergara que nunca fue sometido a revisión ni recibió el aval reglamentario.
Pese a que Roa niega haber ordenado las interceptaciones, fuentes internas indican que el presidente estaba plenamente informado de los movimientos de Vergara y que ambos mantenían una estrecha colaboración, incluso en momentos de crisis institucional. La pregunta que queda es si estas acciones fueron autorizadas desde la cima o si se trató de una operación paralela sin control.