En una decisión sin precedentes, el Gobierno colombiano expidió un decreto que adelanta el cobro de la retención en la fuente de 2026 al 2025, con el objetivo de enfrentar el actual déficit de caja que enfrenta la administración nacional. La medida fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Hacienda, que estimó un recaudo de aproximadamente $7.3 billones.
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El decreto establece nuevas tarifas de autorretención y bases mínimas para su aplicación, dependiendo del tipo de actividad económica. Estas tarifas oscilarán entre el 1.20 % y el 4.5 %.
¿Quiénes pagarán más por la retención en la fuente?
Las actividades económicas afectadas por esta medida incluyen sectores clave como:
- Fabricación de papel
- Actividades de impresión
- Producción de petróleo y carbón
- Fabricación de abonos, hierro y relojes
- Comercio
- Salud
- Agricultura y ganadería
Por ejemplo, las compras de productos agrícolas sin procesamiento tendrán una retención del 1.5 % si el valor del pago excede los $3.4 millones. En cuanto a la compra de bienes raíces, la tarifa será del 1 % para viviendas de hasta 10.000 UVT (alrededor de $497 millones), y del 2.5 % sobre el exceso. Para otros usos inmobiliarios, la tarifa será fija del 2.5 %.
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Impacto económico: ¿una reforma tributaria disfrazada?
El exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, calificó el decreto como una “reforma tributaria sin pasar por el Congreso” a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter). Según Junco, esta decisión:
- Aumentará los costos operativos en el sector agrícola, comercial y de transporte.
- Impactará el costo de vida de todos los colombianos.
- Genera inestabilidad jurídica y financiera al modificar cargas tributarias sin trámite legislativo.
La medida ha sido cuestionada no solo por su impacto económico directo, sino también por su forma de implementación: sin discusión pública ni debate en el Congreso, lo que para muchos representa un riesgo para la transparencia fiscal del país.