La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, encendió una fuerte polémica este 29 de mayo tras la expedición del Decreto 0572 de 2025 por parte del Ministerio de Hacienda, el cual establece un incremento en la tarifa de retención en la fuente para varios sectores económicos en Colombia. La congresista denunció que esta medida representa, en sus palabras, una “expropiación” a los empresarios del país y anunció acciones legales en su contra.
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La medida adoptada por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, permite a la administración recaudar de forma anticipada cerca de $14 billones a través de la retención en la fuente. Este mecanismo, aunque técnicamente no es un nuevo impuesto, funciona como un adelanto del pago del impuesto de renta, lo que ha generado un fuerte debate en el ámbito político y empresarial.
“Una reforma tributaria por decreto”
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Cabal fue enfática al señalar que este tipo de decisiones deben ser discutidas en el Congreso, al considerar que el decreto en cuestión constituye, en la práctica, una reforma tributaria sin trámite legislativo:
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“Este decreto del Ministerio de Hacienda expropia a los empresarios de este país. Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos”, expresó la senadora.
Cabal también anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra el decreto, argumentando que se estaría violando el principio de legalidad tributaria, el cual exige que los tributos sean establecidos por ley y no por actos administrativos del Ejecutivo.
Gobierno justifica decisión
Desde el Ministerio de Hacienda se ha indicado que el decreto fue emitido tras una revisión jurídica que respalda su legalidad y necesidad. El objetivo sería mejorar el flujo de caja del Estado y anticipar recursos ante las crecientes presiones fiscales.
A pesar de estas explicaciones, el decreto ha generado malestar entre empresarios, gremios y sectores de oposición que lo ven como una medida apresurada y de alto impacto económico. También ha reavivado el debate sobre la separación de poderes y los límites que tiene el Ejecutivo en materia tributaria.
La demanda que prepara Cabal podría abrir un nuevo capítulo judicial para el Gobierno Petro, que ya enfrenta varios cuestionamientos sobre sus decisiones fiscales. En paralelo, gremios empresariales están analizando los efectos financieros del decreto y no se descarta que se sumen acciones legales por parte de asociaciones privadas.