La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional avanza hacia su última fase legislativa. El lunes 27 de mayo, la Comisión Cuarta del Senado aprobó en tercer debate el articulado central del proyecto, que incluye cambios progresivos en el pago de recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno.
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El texto aprobado establece que el recargo por trabajar en domingos y festivos pasará del actual 75 % al 100 % sobre la hora ordinaria, pero este aumento se aplicará de manera gradual en un periodo de tres años:
- Desde el 1.º de julio de 2025: el recargo se pagará al 80 %.
- Desde el 1.º de julio de 2026: aumentará al 90 %.
- Desde el 1.º de julio de 2027: se aplicará el 100 % completo para todos los empleadores.
El texto también permite que las empresas que lo consideren puedan aplicar el 100 % del recargo desde 2025, sin seguir la ruta de incremento escalonado.
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La jornada nocturna comenzaría a las 7 p. m., pero Gobierno busca anticiparla aún más
Otra de las modificaciones aprobadas fue el ajuste en la definición de jornada nocturna, que actualmente comienza a las 9 p. m. Con la reforma, este horario se adelantaría a las 7 p. m., manteniéndose el recargo del 35 % sobre la hora ordinaria. Sin embargo, el Gobierno anunció que intentará, en el último debate en plenaria, modificar este punto para que la jornada nocturna inicie desde las 6 p. m.
“Trabajar en esa jornada nocturna cuando la familia está en casa, pues amerita esa remuneración que tiene que complementarse eficazmente, ministro, con medidas de acceso a crédito y de un tratamiento diferencial”, señaló la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión IV.
Lo que viene: decisión final en el Senado
Aunque el proyecto logró consenso en temas clave, el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que aún hay “temas claves para una reforma verdaderamente universal y con derechos” que quedaron por fuera del articulado. El Gobierno buscará incorporar ajustes en la plenaria del Senado, última instancia antes de que la reforma se convierta en ley.
El avance de este proyecto representa un giro en la política laboral colombiana y es observado con atención tanto por gremios empresariales como por centrales sindicales, que mantienen posiciones divididas respecto al impacto de estas medidas sobre la productividad y el bienestar laboral.