A medida que se aproxima la definición del proceso en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el manejo de recursos en la campaña Petro Presidente, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto contundente: solicita sancionar al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, junto con otros miembros del equipo financiero de la campaña, por violación de los topes electorales y ocultamiento de gastos.
La petición, que recae también sobre la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, señala dos irregularidades probadas por el Ministerio Público entre al menos diez que continúan bajo revisión en el ente electoral. Aunque el presidente Gustavo Petro figura entre los vinculados en el expediente, su proceso se encuentra suspendido por orden de la Corte Constitucional mientras se define si el CNE tiene competencia para investigarlo, dada su investidura.
¿Qué halló la Procuraduría?
Según el concepto remitido, los gastos presentados oficialmente por la campaña —$28.334 millones en primera vuelta y $13.199 millones en segunda— se aproximan a los límites establecidos por la autoridad electoral. Sin embargo, tras el análisis de facturación y reportes, se concluyó que hubo omisión de información clave, lo que alteró la cifra real.
Uno de los hallazgos fue el tratamiento irregular de una factura de Caracol Televisión por $356 millones, correspondiente a servicios de publicidad de la primera vuelta pero reportada como gasto en la segunda. Esto habría llevado a que el tope de primera vuelta se excediera.
“Frente al tope de gastos de segunda vuelta no habría inconveniente […] No sucede lo mismo con los gastos de primera vuelta, cuyo valor se ve aumentado en el mismo valor de la factura y con ello el tope de gastos queda vulnerado”, señala la Procuraduría.
Además, se identificó la ocultación de $100 millones del costo real del evento de celebración del triunfo de primera vuelta, realizado en el Movistar Arena de Bogotá. El valor declarado fue de $150 millones, aunque la suma real, según los investigadores, ascendió a $250 millones. El excedente habría sido cubierto por ServiRed S.A.S.
“Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento […] ascendió a $250.000.000”, afirma el concepto.
¿Qué sanciones propone el Ministerio Público?
La Procuraduría pidió al CNE imponer una multa a los responsables equivalente al 1 % de los recursos entregados por el Estado para la financiación de cada vuelta electoral. También recomendó ordenar la devolución de $154 millones, el valor que presuntamente superó el tope permitido para la primera vuelta.
Del conjunto de hechos inicialmente cuestionados —como el pago a testigos electorales, transporte aéreo y aportes de sindicatos— la Procuraduría no encontró evidencias suficientes para atribuir faltas relacionadas con la entrada de dineros prohibidos o nuevos excesos.
El proceso continúa en curso y el CNE deberá resolver en los próximos días los recursos de reposición interpuestos por los abogados de Roa y otros implicados, así como el de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuya intervención fue rechazada en febrero y cuya exclusión, advierte la Procuraduría, podría viciar el procedimiento sancionatorio.