El asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, ocurrido el pasado 4 de abril en el municipio de Bello, Antioquia, no solo ha conmocionado a la opinión pública por su brutalidad, sino que ha puesto en evidencia la intersección entre violencia de género y disputas territoriales ejercidas por redes criminales en zonas urbanas.
El cuerpo de Sara fue hallado gravemente herido en una quebrada, aferrándose a unas ramas para evitar ser arrastrada por la corriente. Pese a que fue rescatada con vida, falleció al día siguiente por la gravedad de las lesiones. Las autoridades han confirmado que fue golpeada brutalmente antes de ser lanzada al afluente.
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Dos capturados y un patrón de violencia sistemática
El crimen dejó al descubierto una estructura de violencia donde, según la Fiscalía, estarían involucradas al menos cinco personas. Hasta ahora, dos de los presuntos responsables han sido capturados: Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, ambos con presuntos vínculos con la banda El Mesa, organización criminal con influencia en Bello.
“La investigación da cuenta de que el crimen estaría relacionado con el control ilegal que una red delincuencial ejercía por varias conductas delictivas que se presentaban en Bello”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
La organización El Mesa mantiene una histórica disputa territorial con Los Pachelly, lo que ha derivado en numerosos casos de violencia letal en la zona. Según los investigadores, el asesinato de Sara podría estar relacionado con este conflicto, aunque aún se investiga el motivo exacto.
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Ser trans en zonas controladas por bandas: un riesgo latente
Este crimen vuelve a evidenciar la situación de riesgo que enfrentan personas trans en Colombia, especialmente en contextos controlados por estructuras armadas ilegales. La violencia estructural contra personas LGBTIQ+ se manifiesta no solo a través del estigma social, sino también como blanco de castigos, “limpiezas sociales” o represalias dentro de redes criminales.
Organizaciones sociales han denunciado que casos como el de Sara no son aislados, sino parte de una tendencia alarmante: personas trans son más vulnerables a la violencia extrema en entornos donde el Estado ha cedido control territorial.
La comunidad en Bello y colectivos LGBTIQ+ continúan exigiendo justicia para Sara y garantías de no repetición. Mientras tanto, las autoridades buscan a tres sospechosos más, presuntamente involucrados en el crimen, gracias a imágenes de cámaras de seguridad recolectadas en la zona.
Este caso se convierte en una alerta urgente sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para poblaciones históricamente vulneradas y de recuperar el control institucional en territorios donde el crimen organizado impone su ley.