Una fuerte polémica se desató en Colombia tras revelarse que Willington Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo y segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc, permaneció por 55 días bajo protección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un hotel de Bogotá, sin que mediara orden judicial ni reclusión formal.
El caso ha encendido las alarmas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General, además de haber causado preocupación en el Gobierno de Estados Unidos, que actualmente solicita su extradición por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Captura y traslado fuera del sistema penitenciario
Según reveló Noticias Caracol, Henao fue detenido el 12 de febrero de 2025 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Sin embargo, en lugar de ser enviado a un centro penitenciario como La Picota —donde suelen ser recluidos los capturados con fines de extradición— fue trasladado por la DNI a un apartamento en la localidad de Chapinero, bajo el argumento de motivos de seguridad nacional.
“Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director de la DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, cita el medio, con base en un documento oficial.
Rol de Henao en el proceso de paz y amenaza del ELN
La defensa de Henao, a cargo del abogado Daniel Piedrahíta, explicó que su cliente fue designado como delegado para los diálogos de paz por parte del Gobierno nacional, motivo por el cual se suspendieron temporalmente las órdenes de captura. Sin embargo, debido a amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), solicitó protección del Estado.
“Hasta el 12 de febrero de 2025, día cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir”, declaró Piedrahíta a Noticias Caracol.
Reacción de la Corte Suprema y Estados Unidos
La situación tomó un giro institucional cuando la magistrada Luz Adriana Camargo, de la Corte Suprema de Justicia, recibió una comunicación del juez Diego Corredor manifestando su preocupación por el manejo irregular del caso. La Corte exigió explicaciones detalladas sobre el paradero y las condiciones de reclusión durante los 55 días de protección por parte de la inteligencia estatal.
El magistrado Corredor habría calificado el hecho como un suceso “sin precedentes” en la historia judicial del país. En paralelo, fuentes diplomáticas señalaron la incomodidad del Gobierno de Estados Unidos ante la falta de transparencia en el proceso, lo que podría impactar la cooperación judicial bilateral.