El Gobierno nacional se prepara para presentar en el Congreso una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, la cual buscaría modificar profundamente las estructuras tarifarias y de subsidios vigentes en sectores como la energía eléctrica. La iniciativa está prevista para ser radicada el próximo 20 de julio de 2025, fecha en la que se reanuda el periodo legislativo.
La propuesta, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, contempla además cambios en la conformación de las comisiones reguladoras y la promoción de un modelo que garantice un consumo básico subsidiado para todos los ciudadanos.
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Ajustes en la Creg y nuevos actores en la regulación
Uno de los ejes centrales del proyecto es la transformación de la actual Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en funcionamiento desde las leyes 142 y 143 de 1994. El ministro Edwin Palma afirmó que la reforma incluiría sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones regulatorias:
“En la composición de la Creg tiene que haber dos actores que han estado ausentes. Tienen que estar presentes dos actores que hacen parte del sistema energético del país: uno de los usuarios y dos, los trabajadores y las trabajadoras”.
Además, se prevé la incorporación de un experto académico en ingeniería eléctrica como miembro del ente regulador, con el objetivo de enriquecer las discusiones técnicas desde una visión más diversa.
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Cambios en tarifas y subsidios: consumo básico garantizado
En lo referente a las tarifas, la reforma apunta a garantizar un consumo básico mínimo de energía subsidiado, además de una revisión estructural de los subsidios por consumo. Según el ministro Palma, el propósito es reducir el costo final para los usuarios sin comprometer la sostenibilidad del sistema:
“Ahí queremos plantear esa y otras discusiones alrededor de los subsidios por consumo, del consumo mínimo de subsistencia, de las tarifas, porque ustedes saben que si hay alguna obsesión para este Gobierno es en reducir tarifas”.
El Gobierno reconoce que, aunque ampliar la capacidad de generación energética podría aliviar los costos, también es necesario reforzar los sistemas de transmisión y distribución, lo cual implica inversiones adicionales y soluciones a largo plazo.
Dudas gremiales sobre viabilidad y enfoque del proyecto
Desde el sector empresarial, han surgido voces de preocupación. Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, manifestó dudas sobre el enfoque del Gobierno y la posible falta de concertación:
“No veo que vaya a ser tramitado porque el superintendente de Servicios Públicos (Libardo Márquez) no está participando abiertamente. No se reúne con los gremios, no se reúne con las empresas y no existe ninguna mesa de concertación para el proceso”.
El dirigente gremial advirtió que bajar tarifas por vía legislativa podría resultar contraproducente:
“Lo que están buscando algunos es a través de una ley bajar tarifas, eso sería el peor error de la historia”.
Además, alertó sobre una posible pérdida de confianza de inversionistas extranjeros, derivada de los cambios regulatorios frecuentes y la incertidumbre normativa.
Camino legislativo por recorrer
Actualmente, el proyecto está siendo evaluado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). De ser radicado, será debatido inicialmente en la Comisión Quinta del Senado, con posterior trámite en Cámara de Representantes. El proceso deberá pasar por comisiones, plenarias y una eventual conciliación, antes de su sanción presidencial.