Una nueva controversia sacude al Ministerio de Salud, luego de que se conociera que Sebastián Laverde Gómez, hijastro del actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ha firmado contratos por un valor superior a los 96 millones de pesos con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). La situación ha desatado fuertes críticas en el Congreso y ha encendido las alarmas sobre posibles prácticas de nepotismo en el sector.
Le puede interesar: Este es el millonario negocio de la familia de Lyan Hortúa; muchas celebridades son clientes
Red de vínculos familiares bajo escrutinio
El congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, fue quien dio a conocer la información, señalando que el ministro habría privilegiado a miembros de su familia dentro de la estructura del Estado. “El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha convertido el sector salud en una bolsa de empleo familiar y es que mientras su esposa Beatriz Gómez Consuegra es delegada en la Superintendencia de Salud, su hijastro, Sebastián Laverde Gómez trabaja en la Adres y ha suscrito contratos por más de $96 millones”, afirmó el representante.
Además, Forero expresó su preocupación por la falta de información sobre el perfil profesional de Laverde. Según denunció, la hoja de vida del contratista no se encuentra disponible en el SECOP, como exige la normativa para este tipo de procesos. “No sabemos cuál es su profesión ni su experiencia laboral porque irregularmente su hoja de vida no está publicada en Secop”, indicó.
Le puede interesar: Una mujer fue agredida sexualmente en el deprimido de la Calle 26; la comunidad colaboró para capturar al agresor, pero habría quedado en libertad
Escándalo previo por presiones indebidas
Este nuevo señalamiento ocurre semanas después de que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro, por presuntas presiones para la firma de un contrato de más de $73.000 millones en el Hospital San Rafael de Leticia.
De acuerdo con una columna del periodista Daniel Coronell en la revista Cambio, existen audios que revelarían una conversación en la que Gómez habría exigido la firma inmediata del contrato: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”. La destinataria de la presión, Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, fue removida de su cargo el 1 de abril tras negarse a autorizar el documento sin las garantías financieras necesarias.
Le puede interesar: Confirman la captura del abusador sexual de la niña de 4 años en Fusagasugá: era el hijo de la dueña del jardín
El contrato en cuestión buscaba construir y poner en operación un buque hospital para atender a comunidades del Amazonas. Sin embargo, el incremento del presupuesto inicial y la ausencia de respaldo por parte de la Gobernación del Amazonas, así como una tutela presentada por comunidades indígenas por falta de consulta previa, han puesto el proyecto en pausa.
Baracaldo denunció haber recibido llamadas intimidantes y aseguró estar considerando acciones legales: “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”.