La propuesta de consulta popular radicada por el presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo busca modificar de manera estructural varios aspectos del mercado laboral colombiano. Aunque el Congreso aún no la aprueba, el gobierno ya promueve activamente el voto por el “sí”. La votación está prevista para el 14 de mayo, y se requiere un umbral de 13 millones de votos para su aprobación, con mayoría afirmativa por pregunta.
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Los temas que abarca incluyen desde la reducción de la jornada laboral hasta la formalización de sectores históricamente desprotegidos. Un análisis de La Silla Vacía y Valor Público de la Universidad Eafit, con datos del DANE y de la Mesa de Empleo de Antioquia, revela el impacto real y los posibles costos.
Impacto económico de las horas extra y reducción de jornada
Reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas y aumentar el recargo de horas extra al 100% podría generar un gasto de 1.8 billones de pesos a los empleadores. Por su parte, los trabajadores formales verían un aumento de $150.000 en promedio mensual.
Beneficios para pymes, pero con impacto limitado
Aunque el 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas, estas solo emplean al 79% de los trabajadores. La propuesta de ofrecer créditos con tasas preferenciales a este segmento implicaría intervenir directamente en el sistema financiero y redistribuir los costos del crédito.
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Licencia menstrual: beneficio potencial para 3.2 millones
Unas 3.2 millones de personas podrían acceder a licencias por motivos menstruales si se aprueba la medida. El cálculo se basa en mujeres ocupadas menores de 55 años con contratos formales, excluyendo a quienes trabajan en la informalidad.
Formalización: una meta ambiciosa con obstáculos legales
Con una informalidad del 57.5%, la propuesta de formalizar trabajadores en sectores como el doméstico, artístico o deportivo enfrenta barreras legales y económicas. Aunque la ley actual ya exige contratación formal bajo ciertas condiciones, su implementación sigue siendo deficiente.
Contratos a término indefinido: cambio para el 73% de los trabajadores
La propuesta establece este tipo de contrato como norma general. Hoy, solo el 28% de los trabajadores lo tiene, mientras que el 62% carece de cualquier contrato. Para repartidores, la cifra es más alarmante: 81% no tiene vínculo contractual.
Eliminación de la tercerización: impacto limitado pero simbólico
Aunque solo el 5% de los trabajadores está tercerizado, esta práctica concentra críticas por precarizar el empleo. Su eliminación, más que un cambio masivo, representaría un mensaje político.
Formalización de aprendices del Sena: un costo de 3.4 billones al año
Actualmente, hay 442.000 aprendices del Sena, y formalizarlos tendría un costo estimado de 287 mil millones de pesos mensuales para los empleadores, al considerar los aportes laborales exigidos por la ley.
Bono pensional para campesinos: un reto fiscal monumental
La medida más costosa sería el bono pensional para 3.9 millones de trabajadores rurales informales. Dependiendo del valor del bono (entre $1.4 millones y un salario mínimo), el costo anual oscilaría entre 14 y 52 billones de pesos, lo que representa hasta el 13% del presupuesto nacional.