El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue escalando. La Fiscalía General de la Nación ha solicitado ante el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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González será procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, en el marco de una investigación que apunta a presuntas irregularidades en la contratación y desvío de recursos públicos dentro de la UNGRD.
Según el ente acusador, el exfuncionario habría participado en el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, en octubre de 2023. Estos pagos habrían tenido como propósito facilitar el avance de reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
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La Fiscalía también evalúa si González habría incurrido en el delito de tráfico de influencias, en coordinación con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Se investiga si existió una estrategia articulada para direccionar contratos y entregar dineros públicos a cambio de apoyo político.
Durante las últimas semanas, los investigadores han recabado material probatorio clave, incluyendo información proveniente de la DIAN, la Presidencia y de la empresa de telefonía móvil de González. Estos elementos serían fundamentales para demostrar la responsabilidad del exdirector en la red de corrupción.
El proceso marca un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos de corrupción de la actual administración, que podría comprometer a varias figuras de alto nivel del Ejecutivo y del Congreso.
Contexto del escándalo de la UNGRD
El caso de corrupción en la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos del gobierno de Gustavo Petro. Implica desvíos de fondos y contratos irregulares que superan los 16.000 millones de pesos. Hasta la fecha, hay cinco personas detenidas, tres exfuncionarios colaborando con la justicia y dos exministros implicados.
El escándalo comenzó con una licitación sospechosa de carros cisterna que nunca llegaron a La Guajira y se amplió con pruebas de corrupción sistemática. Las investigaciones apuntan también a otros altos funcionarios del gobierno.