El presidente Gustavo Petro está a punto de dar un giro en su estrategia legislativa: en lugar de insistir en el trámite habitual de la reforma laboral, ha optado por llevarla directamente a las urnas mediante una consulta popular. Para ello, necesita el aval del Senado, donde el ambiente parece favorable al Gobierno.
Este martes 13 de mayo, la plenaria del Senado empezará la discusión que definirá si se aprueba o no el mecanismo de participación ciudadana, que busca que la ciudadanía decida si respalda los 12 puntos clave de la frustrada reforma laboral.
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Según reveló Noticias Caracol, las cuentas están a favor del Ejecutivo. Con el regreso del senador Ciro Ramírez (Centro Democrático), el número total de senadores es 105, y se necesitan al menos 53 votos para aprobar la consulta. Actualmente, el Gobierno cuenta con una base de 57 votos asegurados, gracias a la alianza entre el Pacto Histórico, sectores de la Alianza Verde, el Partido Liberal, algunos conservadores rebeldes y otros congresistas de partidos minoritarios.
Así estarían distribuidos los votos a favor
- Pacto Histórico: 21
- Alianza Verde: 6
- Comunes: 5
- Mais: 1
- Aico: 1
- Conservadores disidentes: 3
- Partido Liberal: 10
- Así (indecisos): 3
Votarían NO o están en contra
- Centro Democrático: 12 votos
- Partido Conservador: 12 votos (aunque algunos miembros apoyan al Gobierno, la mayoría está en contra)
- Cambio Radical: 11 votos
- Partido Liberal: 3 votos (siguen la línea del expresidente César Gaviria)
- Jota Pe Hernández: 1 voto
- Así: 1 voto
- La U: 3 votos indecisos (aunque tienden a oponerse)
- MIRA: 3 votos indecisos
En total, hay aproximadamente 48 votos que estarían en contra o en duda, lo que dejaría al Gobierno con una ventaja si logra mantener los 57 votos a favor y alinear a los indecisos restantes.
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Sin embargo, el debate no se reduce a la aritmética política. Algunos senadores han cuestionado la pertinencia fiscal y política de convocar a una consulta en medio de la actual situación económica del país. “Gastarse 700 mil millones de pesos en medio de esta crisis fiscal tan compleja no tiene ningún sentido”, advirtió Juan Felipe Lemos, del Partido de la U.
Por su parte, Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, acusó al Gobierno de usar la consulta como una maniobra política: “Lo único que buscan es anticipar las elecciones generales del 2026, manipulando al electorado y polarizando aún más al país”.
Desde el oficialismo, la senadora María José Pizarro pidió garantías al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para que el trámite del mecanismo sea transparente: “Será responsabilidad exclusiva de su presidente si aquí llega a generarse algún manto de dudas”.
Entre tanto, el Gobierno continúa tejiendo alianzas. Un ejemplo de ello fue el nombramiento de Diana Morales como ministra de Comercio, una movida que algunos interpretan como un guiño a los liberales, a pesar de que el expresidente César Gaviria ha ordenado a su bancada votar en contra de la consulta.
En juego no solo está la viabilidad de una reforma clave para el Gobierno, sino también la consolidación o el desgaste de su capital político en el Congreso. La consulta popular sería el primer gran pulso electoral de Petro tras los reveses legislativos sufridos en 2024.