La caída de Iván Name y Andrés Calle cambia el mapa político del país. No tanto por el qué, que ya se sabía. Sino por el cuándo y el cómo. Porque se cae la cúpula del Congreso del periodo pasado, y eso no es menor. No lo es por lo que representa, pero sobre todo por lo que activa.
Decisiones así ayudan —sin duda— a reconstruir algo de legitimidad institucional. No es común que se ordene la captura de expresidentes del Congreso, y eso, le guste o no a cada sector, pone un listón. Es un mensaje que estaba haciendo falta. Pero al mismo tiempo, deja abiertas varias puertas políticas que, dependiendo de lo que venga, pueden o no cerrarse bien.
En el caso del gobierno, la captura de Calle es un problema. Desde el primer momento, Petro ha intentado marcar distancia, presentarlo como un hecho aislado, como si se tratara de una red ajena a su administración. Pero esa línea narrativa no se sostiene. El caso apenas empieza, y ya compromete a figuras cercanas: ministros, exconsejeros, directivos que han tenido responsabilidades de alto nivel en este gobierno. El vínculo con el entorno presidencial no es menor, ni es lejano. Calle no solo era un aliado legislativo, fue una de las principales fichas del petrismo en Córdoba, y su ascenso no fue casual ni independiente. La estrategia de deslindarse políticamente del escándalo puede servir en el corto plazo, pero tiene poco margen. Porque si la lista de implicados sigue creciendo, el gobierno no va a poder mantener la idea de que esto no le pertenece.
El impacto en el Congreso y los proyectos que vienen
En el Senado, el impacto es más institucional que político. Name, aunque en la práctica no era parte del bloque oficialista, sí era un jugador con influencia. Y aunque su voto no era el que definía mayorías, su rol en el reglamento, en el ritmo del Congreso, en los procedimientos, sí incidía. Su salida desajusta. Pero también hay una corrección: vuelve Ciro Ramírez al Senado, así que en términos de conteo, se mantiene el equilibrio en 105 curules activas y tres sillas vacías. Eso, por ahora.
El problema real está en lo que puede venir. Porque la Corte Suprema de Justicia actualmente, investiga a más congresistas, que votaron afirmativamente el crédito en las Comisiones Económicas, que es justo donde se concentran las alertas. Si la Corte avanza con más decisiones y se empiezan a acumular sillas vacías, vamos a entrar en un escenario muy delicado.
No sería la primera vez que el Congreso enfrente una crisis de este tipo: en la parapolítica, más de 60 congresistas fueron investigados, y al menos 40 terminaron condenados. En su pico, hubo más de 25 curules suspendidas o vacantes. Pero esa era una depuración impulsada desde la justicia frente a una estructura armada paralela al Estado. Lo de ahora es distinto. No es solo que se caigan curules, es que el Ejecutivo —de forma directa o por omisión— aparece cada vez más involucrado en el origen del problema. Acá el riesgo no es solo la pérdida de representación, sino que el Congreso termine vaciado políticamente, sin fuerza, sin autonomía, justo cuando más se necesita deliberación.
Y eso reconfigura todo. Porque lo que sigue es un Congreso más cauteloso, más hermético, más caro políticamente hablando. Cada voto vale más, y no solo en sentido literal. Hay más desconfianza, más cálculo, más condiciones. El gobierno va a tener que remar más duro para sacar adelante cualquier cosa. Y eso incluye la consulta popular, que ya venía cuesta arriba. Ahora el costo del voto es mayor. Y el margen para errores, menor.
El impacto en los partidos: el Verde queda golpeado
Al mismo tiempo, este escándalo termina de romper ciertas lógicas partidistas que ya estaban en crisis. El caso del Verde es claro: Name era uno de sus senadores más visibles y termina envuelto en el escándalo más delicado del gobierno. Eso, para un partido que ha basado su popularidad en las banderas éticas, es un golpe fuerte. Vienen un intento de escisión, que muestra profundas fracturas, de ver caerse el transfuguismo (que parecía abrir puertas a los inconformistas dentro de los partidos), llegan divididos a un ciclo electoral clave. Y ahora tienen que cargar con el peso del escándalo, que pasará factura no solo en reputación, sino en votos. En Bogotá, donde tienen base sólida, y en sectores de opinión que empiezan a sentir que el Verde ya no representa lo que decía representar.
El tema es que el partido no tiene figuras nuevas que jalen. Lo que queda son nombres con poca recordación y sin discurso propio. La gente aún identifica al Verde con Mockus, con Claudia López. Y ninguno está ya en esa conversación de futuro. A lo sumo, podrían intentar un enroque con lista cerrada, pero eso no resuelve el fondo. Porque el problema es de identidad, no de mecánica.
Y tampoco está claro a dónde se va a ir ese voto de opinión que se desencante. El Nuevo Liberalismo podría parecer el destino natural, pero no tiene aún una lista ni figuras que arrastren masivamente. Hoy no se ve claro. También puede pasar que parte de ese voto lo absorba el Pacto. De hecho, hay sectores dentro del petrismo que ya están reacomodando la narrativa: que esto fue una operación de Vargas Lleras, que los responsables venían del pasado, que Petro no los nombró, sino que los heredó. Y en esa lógica, Petro puede proteger su figura. Incluso salir reforzado.
A quien sí puede afectar esto más de fondo es a Claudia López. Si tenía en mente una aspiración presidencial, este no es el contexto más favorable. Tendría que recomponer relaciones, quizá acercarse al Nuevo Liberalismo (donde no la quieren), o incluso tratar de cerrar su conflicto con Carlos Amaya, que aunque queda golpeado por la coyuntura, sigue teniendo una estructura territorial fuerte. En este momento, ella sola no consigue las mayorías.
Lo que está en marcha no es menor: investigaciones en curso, congresistas en la mira, curules que podrían quedar vacías y una agenda legislativa que empezará a resentir el peso del caso. No está claro aún cómo van a responder los partidos, ni si el Congreso podrá sostener su capacidad operativa en medio de este remezón, o se recrudecerá el trancón legislativo. Tampoco está claro si el gobierno va a insistir en separarse del escándalo o si terminará asumiendo alguna forma de responsabilidad política, al menos por las alianzas que tejió en su momento. Lo que sí parece evidente es que el margen para seguir operando como si nada se está reduciendo. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas —en la Corte, en las bancadas y en la coalición— van a moldear no sólo lo que queda de legislatura, sino también el clima político con el que el país llegará a 2026.