La Fiscalía 10 delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la actual canciller de Colombia, Laura Sarabia, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, al estar vinculado al uso de recursos públicos. La acción judicial se originó en una denuncia presentada en julio de 2024 por la Red de Veedurías, que también solicitó investigar posibles irregularidades en el crecimiento patrimonial de las empresas familiares de Sarabia.
Según reveló Noticias Caracol, en las últimas dos semanas la Fiscalía ha requerido a la Presidencia de la República información detallada sobre los ingresos, salarios, viáticos y demás compensaciones que haya recibido Sarabia desde 2022, especialmente durante su gestión como directora del Departamento para la Prosperidad Social.
Lea también: Más de 850 firmas respaldan petición para que Petro se someta a pruebas toxicológicas y psiquiátricas
En respuesta, la abogada de la canciller, Lina Sandoval, entregó voluntariamente el historial financiero, fiscal y patrimonial de su defendida, argumentando que “este caso hace parte de una de las 33 campañas de descrédito en su contra”. Además, solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizar un análisis completo de los datos entregados.
“Laura no tiene nada que ocultar y en su contra no existen acusaciones penales ni juicios pendientes”, afirmó Sandoval, quien también cuestionó si quienes impulsan estas denuncias podrían justificar sus propios patrimonios. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró en la red social X que “la fiscalía ha hecho numerosas inspecciones judiciales en Presidencia” y que el gobierno ha colaborado en todo momento.
Más noticias: Atípico giro en el juicio de Álvaro Uribe: fue interrogado su propio abogado defensor
Este proceso se suma a otro frente judicial en el que Sarabia actúa como denunciante. El pasado 30 de abril, la canciller declaró ante la Fiscalía como víctima de violencia de género en un proceso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante la diligencia, su defensa presentó documentos y pruebas que —según su equipo legal— evidencian un patrón de violencia sistemática, así como campañas de desprestigio contra Sarabia.
La Fiscalía ha programado varias sesiones adicionales para evaluar la magnitud de los hechos denunciados por la funcionaria, y ha involucrado al grupo de trabajo de violencia de género conforme a la resolución 409 de 2023. En ambas investigaciones, Sarabia ha reiterado que colaborará con la justicia y que defenderá su “verdad, dignidad e institucionalidad”.