Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta del origen ilícito de 56 bienes, que estaban a nombre de personas que no desempeñaban una actividad laboral estable ni tenían la capacidad financiera para comprarlos y mantenerlos.
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Las propiedades en realidad habrían sido adquiridas por integrantes de la estructura criminal ‘La Empresa’, entre ellos el extraditado cabecilla, José Feliciano Góngora Solís, alias Chano, con dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína por el Pacífico colombiano con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica; y posteriormente cedidas a terceros que fungieron durante varios años como posibles testaferros.
En ese sentido, Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron sobre los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Tumaco (Nariño).
Los bienes afectados superan en valor los 13.400 millones de pesos. Están representados en 24 inmuebles, 21 vehículos de alta gama y 11 establecimientos de comercio. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración.
Condenado integrante de la estructura criminal ‘Renancer’ por el homicidio de tres personas en Meta
Luego de aceptar su participación en el crimen de tres personas el 12 de marzo de 2023, en la vereda El Porvenir de Puerto Gaitán (Meta), Ángel Leonardo Martínez Méndez, alias Yena o Miguel, fue condenado por un juez penal especializado a 19 años y 5 meses de prisión.
Este integrante de la organización ilegal autodenominada como ‘Renacer Erpac’ había reconocido mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
En ese sentido, además de cumplir la pena privado de la libertad en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cumplir una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 233 meses.