En un nuevo capítulo judicial que sacude la memoria del conflicto armado en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado labores de exhumación en una finca del municipio de Silvania, Cundinamarca, como parte de una investigación por la desaparición forzada de cuatro campesinos en octubre de 2002. El proceso se centra en identificar restos de al menos 14 víctimas de autodefensas enterradas en fosas comunes en la región del Sumapaz.
Le puede interesar: Atención, mujeres: consulta popular de Petro propone que haya licencias por “periodos menstruales incapacitantes”
Las exhumaciones fueron ordenadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, luego de que varios exparamilitares señalaran al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera de haber participado en la entrega de información y recursos para perpetrar los crímenes. Según los testimonios recogidos en una sentencia judicial reciente, Herrera habría identificado a las víctimas como supuestos milicianos de la guerrilla, pese a que los propios exparamilitares aclararon que no tenían nexos con grupos armados, sino que se habrían negado a vender terrenos colindantes a su finca.
La sentencia que activó esta nueva etapa de la investigación condenó al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez a más de 22 años de prisión, y fue clave para que un juez de Fusagasugá solicitara investigar formalmente al exciclista.
Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Según el fallo, fueron engañados por un grupo que se hizo pasar por agentes del DAS, detenidos, asesinados, desmembrados y enterrados en una fosa común aún no localizada.
Le puede interesar: ¿Irreconocible? Gustavo Petro se sometió a una cirugía estética durante Semana Santa
En respuesta a estas acusaciones, Lucho Herrera emitió un comunicado el pasado 21 de abril en el que negó categóricamente cualquier participación y aseguró que los testimonios provienen de personas condenadas por delitos graves. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales (…) Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre”, señaló.
El caso abre un nuevo frente judicial que podría reconfigurar una parte de la verdad del conflicto armado en Cundinamarca. Las operaciones de exhumación continuarán durante los próximos días con el acompañamiento de unidades forenses y de derechos humanos, en busca de esclarecer lo ocurrido y dar respuesta a las familias de las víctimas.

