Una reciente operación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto uno de los casos más llamativos de presunto lavado de activos en el norte del país. En Maicao y Riohacha (La Guajira), fueron ocupadas con fines de extinción de dominio nueve casas y 11 lotes avaluados en más de 25.000 millones de pesos, pertenecientes a los hermanos Pérez Escudero, quienes hasta hace poco figuraban como desempleados registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben).
Un salto inexplicable de condición social
Según lo revelado por el director de extinción del derecho de dominio, José Iván Caro, los tres hermanos no tenían actividades económicas registradas, ni ingresos legales formales, pero aparecían como propietarios de lujosas propiedades, fincas con ganado, autos de alta gama e inversiones millonarias.
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“Pasaron de estar en la fila del centro de salud como beneficiarios del Sisben a protagonizar una vida de lujos sin que exista una fuente de ingresos clara ni comprobada”, explicó Caro.
Presunto vínculo con narcotráfico internacional
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, concluyó que los hermanos habrían sido parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, con rutas establecidas desde Colombia hacia Centroamérica y Europa.
De acuerdo con el ente acusador, el clan familiar acopiaba grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y el Cesar, para luego enviarlas por vía marítima desde el Caribe colombiano hacia Curazao y Aruba, y de allí a destinos europeos. La rentabilidad de esas operaciones ilegales habría sido la base de su repentino ascenso económico.
Acción de la Fiscalía y la SAE
Las propiedades fueron embargadas y serán administradas ahora por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las diligencias de ocupación fueron realizadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en zonas urbanas y rurales de Maicao y Riohacha, y se aplicaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
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Según la Fiscalía, no se trata solo de bienes inmuebles, sino de un patrimonio completo compuesto por fincas ganaderas, propiedades urbanas, lotes estratégicos en expansión y automóviles de alta gama.
Un llamado a vigilar los programas sociales
Este caso ha abierto nuevamente el debate sobre el uso de los sistemas de clasificación social como el Sisben y la posible infiltración de organizaciones criminales en programas sociales para camuflar sus operaciones.
“La Fiscalía está comprometida con detectar este tipo de inconsistencias patrimoniales y llevar ante la justicia a quienes utilizan programas destinados a los más vulnerables como escudo para actividades ilícitas”, enfatizó Caro.