Los pueblos indígenas de los Territorios Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Pirá Paraná y Río Tiquié, agrupados en el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, celebraron la sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional, que ampara sus derechos fundamentales frente a los impactos de la minería de oro y el uso de mercurio en sus territorios.
Durante la tercera sesión de la Instancia de Coordinación de los Territorios Indígenas del Macroterritorio, y en presencia de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los representantes indígenas expresaron su respaldo al fallo que protege sus derechos a la identidad, el territorio, la autodeterminación, la vida, la salud, la pervivencia cultural, el agua, la seguridad alimentaria y el ambiente sano.
La Corte Constitucional reconoció que la actividad minera con mercurio no solo afecta la salud de las comunidades –incluidos niñas, niños, mujeres y adolescentes–, sino también pone en riesgo su sistema de conocimiento ancestral, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Jaguares de Yuruparí celebran fallo histórico que protege sus territorios de la minería y el uso de mercurio
El fallo también subraya la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas, al no haber formalizado sus territorios como Entidades Territoriales Indígenas, lo cual ha profundizado su vulnerabilidad. Además, resalta la urgencia de proteger la integridad territorial y cultural de la Gente de Afinidad del Yuruparí, y de fortalecer espacios como las instancias de coordinación, que promueven el diálogo intercultural y la gestión territorial conjunta entre pueblos indígenas y entidades del Estado.
En la declaración conjunta, las comunidades indígenas y el Ministerio destacaron el apoyo de la Fundación Gaia Amazonas y del senador Julio César Estrada Cordero, quienes han contribuido a un proceso intercultural y complementario hacia la construcción de un Estado plural y diverso.
Como primer paso, se acordó iniciar la elaboración de un plan de acción para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, y garantizar la plena aplicación de la Constitución Política en este sector de la Amazonía colombiana.
Finalmente, los pueblos indígenas extendieron una invitación a las entidades estatales a sumarse al proceso de implementación y acompañar este esfuerzo conjunto por la defensa del territorio y la vida.