El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solo es una fecha para recordar, sino una ocasión para exigir derechos y reflexionar sobre la paz como un derecho esencial para mujeres y niñas, especialmente en Colombia, donde la violencia continúa en aumento y ellas son las principales víctimas del conflicto armado. No obstante, a pesar de este contexto adverso, las mujeres también han sido fundamentales en la construcción de propuestas de paz sostenibles y negociadas.
Un logro histórico fue la inclusión del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz, resultado del trabajo de organizaciones de mujeres, feministas y lideresas sociales. Aunque este avance fue significativo, su implementación sigue siendo una deuda pendiente, por lo que es urgente que las medidas acordadas se concreten y mejoren las condiciones de vida de las mujeres en las zonas más golpeadas por la guerra.
En este proceso, la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, el único mecanismo global para monitorear la implementación de este enfoque en un Acuerdo de Paz, ha sido crucial. Conformada por 17 mujeres diversas, ha sido fundamental en impulsar estas medidas, y su trabajo de seguimiento revela tanto logros como obstáculos en la materialización de los compromisos.
En Publimetro Colombia quisimos saber, precisamente, cómo avanza la implementación de este enfoque de género en el Acuerdo de Paz. Para ello consultamos a Diana Salcedo, Dilcia Benítez Aguirre y Johana Matura; integrantes de la Instancia Especial de Mujeres.
¿Qué desafíos persisten en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz según la Instancia Especial de Mujeres?
Diana Salcedo: Uno de los principales desafíos en la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz ha sido el escaso avance en las medidas específicas dirigidas a las mujeres. A pesar de los compromisos establecidos, la lectura interseccional sigue siendo limitada, reduciéndose en muchos casos a una inclusión numérica de mujeres y diversidades sin una transformación real de las estructuras que perpetúan la desigualdad.
Además, existe un vacío en los sistemas de información, lo que dificulta visibilizar las acciones de las medidas de género y las mujeres que participan en los procesos de implementación. Esto se suma además, al desconocimiento del nivel local de las medidas de género contempladas en el Acuerdo Final de Paz.
¿Cómo ha contribuido la Instancia Especial de Mujeres para el enfoque de género en la paz al seguimiento e impulso de las medidas acordadas?
Diana Salcedo: Uno de sus aportes más significativos ha sido la revisión y ajuste del Plan Marco de Implementación (PMI), logrando la inclusión de nuevos indicadores de género que atienden específicamente las medidas establecidas en el Acuerdo Final de Paz.
Además, ha trabajado en la incorporación de propuestas dirigidas a mejorar la respuesta institucional en la implementación de las medidas de género.
¿Qué barreras institucionales dificultan la implementación efectiva del enfoque de género en el Acuerdo de Paz?
Dilcia Benítez: En nuestro informe, identificamos varios desafíos que el Estado colombiano y sus instituciones deben superar para garantizar avances en la implementación del Acuerdo de Paz. Entre ellos destaca la persistencia de una burocracia que dificulta un progreso ágil, humano y transparente. Aunque el gobierno nacional ha hecho esfuerzos por incorporar el enfoque de género, aún persisten debilidades en todo el aparato institucional con competencia en la implementación para reconocer y abordar efectivamente las brechas de género. Además, la falta de articulación entre las instituciones estatales limita el desarrollo de respuestas efectivas a las problemáticas que enfrenta el Acuerdo y la situación de las mujeres y sus diversidades. Por ello, resulta imperativo sumar esfuerzos técnicos, financieros y estratégicos en una apuesta de articulación interinstitucional que conecte el nivel nacional con los territorios en perspectiva para una eficaz implementación de las medidas de género del Acuerdo Final de Paz.
¿Cómo se vinculan las experiencias y luchas de las mujeres que forman parte de la Instancia Especial con las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia?
Dilcia Benítez: Las mujeres que integramos la Instancia Especial no solo nos vinculamos con los territorios, sino que somos parte de ellos. Desde nuestros espacios de incidencia, ejercemos liderazgos en la defensa de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las mujeres y las niñas. Nuestro trabajo se desarrolla tanto en los territorios, donde cada una de las 16 integrantes impulsa procesos en su región, como a nivel nacional, donde articulamos nuestras luchas y elevamos una voz colectiva. A través de esta doble incidencia, visibilizamos las problemáticas que persisten en el conflicto armado, exigimos garantías para la paz y trabajamos por el cumplimiento del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz.
De las 16 integrantes, solo dos residen en Bogotá y representan organizaciones nacionales de mujeres, mientras que las demás provenimos de regiones como el Catatumbo, Nuquí (Chocó), Arauca y Vaupés, entre otros.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Instancia para que avance la implementación de las medidas de género?
Johana Matura: En nuestro informe, presentamos una serie de recomendaciones para mejorar la implementación del Acuerdo de Paz, basadas en los hallazgos y dificultades observadas en su ejecución. Proponemos la incorporación de espacios de participación de la sociedad civil como una medida obligatoria en la construcción de los Planes de Acción Anuales, con un enfoque especial en la inclusión de mujeres y personas LGBTIQ+. También recomendamos la implementación de acciones afirmativas para la igualdad de género, con el objetivo de reducir la brecha de desigualdad en la tenencia y seguridad jurídica de la tierra, priorizando el acceso a tierras para mujeres y poblaciones vulnerables durante los dos años restantes de gobierno. Además, sugerimos capacitar a gestores y operadores catastrales en temas de género, con el fin de identificar y abordar las desigualdades en la práctica, así como implementar mecanismos de recolección de datos desagregados por sexo que permitan un enfoque de género en la información. En el ámbito de la seguridad, recomendamos fortalecer los esquemas de protección para mujeres reincorporadas, lideresas sociales, mujeres LGBTIQ+ y comunidades étnicas, aumentando los recursos del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) para garantizar su efectividad. Finalmente, consideramos crucial asegurar la inclusión efectiva de mujeres indígenas y negras en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, garantizando que sus necesidades específicas sean atendidas en todas las fases del proceso de reparación.
¿Cuáles avances concretos ha identificado la Instancia Especial de Mujeres en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz?
Johana Matura: La Instancia Especial de Mujeres ha identificado avances en la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz. El Sistema Integral de Seguridad en el Ejercicio de la Política (SISEP) ha integrado enfoques de género, mejorando la protección de mujeres y lideresas sociales. También se ha logrado una mayor inclusión de mujeres en la planificación y ejecución de los planes, además de fortalecer su participación en veedurías ciudadanas. En el ámbito económico, el Programa de Reincorporación Integral (PRI) ha impulsado proyectos liderados por mujeres, alcanzando un 25% de los proyectos bajo su liderazgo. En cuanto a la participación política, las mujeres firmantes del Acuerdo han aumentado su presencia en las elecciones y en espacios de formación. Además, en la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas, tanto la JEP como la UBPD han implementado protocolos de género, destacando iniciativas como “La Ruta del Color y la Memoria” en Putumayo. Estos avances subrayan la importancia de mantener el enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz.