Una vez más se conoció la intención de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que insiste en la compra de sus propias camionetas blindadas por 74.000 millones de pesos, para los esquemas de seguridad de las personas que están amenazadas, un negocio que buscaría hacer a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Se trataría de un convenio interadministrativo para la adquisición de un total de 170 vehículos blindados.
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De acuerdo con la investigación adelantada por El Tiempo, el viernes llegaron dos ofertas y de inmediato se reportaron denuncias por supuestos favorecimientos e irregularidades.
Gobierno busca comprar 170 camionetas blindadas con presuntos sobrecostos
El mismo diario logró determinar que este intento de compra va en su tercera vez y a pocos días de la llegada de las ofertas, hay varios cuestionamientos de los conocedores del sector.
En el intento de diciembre de 2023 se frustró la compra porque solo se presentó un (1) oferente. Luego seis meses después, en junio de 2024, fue el segundo intento, pero se cayó por falta de experiencia de quienes se presentaron. Ahora, es la tercera vez, en septiembre, en donde las firmas interesadas en la licitación, cuyo contrato deberá cumplirse hasta el 20 de diciembre de 2024, denuncian que se estaría beneficiando a un grupo de empresas y que le estarían entregando un 90 % del anticipo.
En el Secop se encontró que se reporta un primer desembolso correspondiente a un anticipo del 50 % del valor total del contrato, que depende de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Sin embargo, aparee un segundo pago por el 20 % que depende de la entrega de documentos expedidos por el Runt en el que se certifique la nacionalización de los vehículos a nombre del contratante.
Y, aparece un tercer pago, de hasta de un 20 % que se entregará con la certificación de ingreso de cada vehículo, que expide el representante legal de la fábrica de blindaje y que será aprobado por el supervisor del contrato. Por último, el pago final será del 10 % ciento con las actas de entrega de satisfacción de cada vehículo.
Empresas del sector le dijeron a El Tiempo que esta organización del anticipo es injustificado y que es “para facilitarle el negocio a un tercero”. Además, se indica que existe un presunto sobrecosto de las camionetas porque el proceso se adelanta con base en los precios con los que se inició la licitación el año pasado.
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“El valor de la licitación que se abrió se está manteniendo con las características de camionetas que se pidieron en la licitación del año pasado, que ya no están en el mercado y que toca reemplazar con unas más económicas”, dijo un empresario del sector, haciendo referencia a camionetas con características de vehículos tipo Toyota Fortuner.
Las características de las camionetas que se exigen son: cinco puertas, de modelo no inferior al año de entrega, con transmisión 4x4 y una gama de color entre blanco, gris y negro. Deberán tener cilindraje de mínimo 2.700 cc y máximo 3.600 cc. Además, que el combustible sea diésel, tipo de frenos ABS y tenga herramientas y el equipo de carretera.
“Las camionetas Prado que pueden ajustarse a las características de la licitación están avaluadas en 320 millones de pesos y ya no están en el mercado por eso se reemplazarían por Fortuner que están en alrededor de 250 millones de pesos, son cerca de 80 millones de diferencia”, le confirmaron al mismo medio dos empresarios del sector.
