La delegación del Gobierno Nacional ha intensificado su llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para reanudar las negociaciones de paz y prorrogar el cese al fuego que expiró el pasado 3 de agosto. En un esfuerzo por evitar la expansión de la violencia y la destrucción en diversas regiones del país, las autoridades han subrayado la urgencia de reactivar el diálogo con la guerrilla.
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El gobierno ha señalado que la extensión del cese al fuego es crucial para reducir el número de víctimas y el impacto destructivo que las acciones bélicas del ELN están causando en regiones como Arauca y Norte de Santander. La delegación de paz, liderada por Vera Grabe, ha reiterado su disposición a abordar todos los temas pendientes en el proceso de paz, reafirmando su compromiso con la búsqueda de una solución negociada al conflicto.
A pesar de estos esfuerzos, el diálogo se encuentra en un punto muerto. El ELN había establecido el 23 de agosto como fecha límite para que el Gobierno expidiera un decreto excluyéndolo de la lista de Grupos Armados Organizados. Esta medida era una condición para que el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, pudiera convocar una reunión extraordinaria con la delegación gubernamental. Sin embargo, el gobierno no ha cumplido con este pedido, lo que ha contribuido al estancamiento de las conversaciones.
Antonio García, líder del ELN, ha respondido que la guerrilla no está descontenta con la decisión del gobierno de mantenerlo en la lista de Grupos Armados Organizados. García ha expresado que la guerrilla entiende que está en negociaciones con un adversario tanto político como militar, y ha enfatizado que el ELN no ha impuesto ultimátum alguno. En cambio, ha señalado que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos previamente establecidos en la mesa de negociaciones.
El proceso de paz enfrenta ahora una congelación creciente, con cada día que pasa sin avances significativos. La falta de progreso en las negociaciones resalta la necesidad de un compromiso renovado por ambas partes para superar el estancamiento y avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto. La comunidad internacional y los ciudadanos colombianos observan con preocupación el futuro de este proceso, esperando que se logren avances concretos para restaurar la paz en las regiones afectadas.