En el Undécimo Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, las principales instituciones encargadas de la supervisión y protección de víctimas en Colombia, incluyendo la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República, han destacado que el modelo de reparación colectiva sigue enfrentando importantes desafíos. El informe, que examina la implementación de la Ley 1448 de 2011, revela que a pesar de los esfuerzos realizados, persisten serios rezagos en la atención y cumplimiento de los planes de reparación integral.
Una de las principales conclusiones del informe es la insuficiencia de recursos destinados a la Política Pública de Víctimas, lo que limita la capacidad del Estado para proporcionar asistencia adecuada a las 9.737.008 víctimas registradas en el país. La falta de fondos adecuados ha afectado áreas clave como la generación de ingresos, el acceso a tierras, vivienda, salud y educación. Desde la entrada en vigor de la ley, sólo el 14% de las víctimas han recibido indemnización, una cifra que subraya la brecha existente entre las necesidades de las víctimas y la respuesta gubernamental.
El informe estima que se necesitan $303,9 billones (constantes de 2024) para cumplir con las medidas de asistencia y reparación establecidas en la ley hasta 2031. Los recursos necesarios incluyen $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización individual y colectiva, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior. Sin embargo, la realidad muestra un panorama desalentador con un rezago significativo en la entrega de subsidios y la implementación de programas de vivienda.
Además, el informe resalta problemas graves en la restitución de tierras, con demoras de hasta dos años en la inscripción de solicitudes y una congestión en los juzgados especializados. La falta de cumplimiento de sentencias y problemas en la implementación de políticas de retornos y reubicaciones han impedido avances sostenibles en este ámbito.
La Comisión también ha observado una tendencia alarmante en el incremento de eventos de confinamiento en el país, especialmente en los departamentos de Chocó, Nariño y Arauca. Estos eventos reflejan una intensificación del conflicto y la violencia, que impacta negativamente en la vida de las comunidades afectadas.
En cuanto a la atención humanitaria, se ha identificado un déficit en la provisión de servicios básicos, con más del 77% de las víctimas enfrentando problemas habitacionales y una notable disminución en su participación en subsidios de vivienda. El informe también señala que más de la mitad de las víctimas no tienen suficientes ingresos para cubrir necesidades básicas, y la pobreza extrema entre estas personas ha aumentado significativamente en los últimos años.
Finalmente, el informe hace un llamado urgente a las autoridades para priorizar a los territorios más afectados y fortalecer el apoyo a las víctimas, especialmente en áreas de alta necesidad como vivienda y educación. También se destaca la necesidad de mejorar la protección de mujeres y personas LGBTIQ+, señalando la falta de programas efectivos para atender sus necesidades específicas. La Comisión concluye que es imperativo intensificar los esfuerzos para garantizar una reparación y atención integral que cumpla con los derechos de todas las víctimas y promueva su inclusión efectiva en la sociedad.