En medio de su discurso de posesión, el nuevo presidente de Panamá, José Mulino, realizó el anuncio del cierre de los pasos fronterizos en el tapón del Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país. El nuevo mandatario aseguró que, “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales” y, con esto, decretó el cierre de la frontera entre ambos países.
PUBLICIDAD
Ante esto, la Defensoría del Pueblo le pide al Gobierno Nacional entablar diálogos con las autoridades panameñas con el fin de asegurarse de que los postulados del derecho internacional de los derechos humanos tales como el refugio, la accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional, sean garantizados para la población migrante en tránsito por estos corredores de tránsito hacia Estados Unidos.
La Defensoría también asegura que, “cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano”. Además, también dijeron que con esto “se incrementarán las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe”.
Con respecto a las acciones que se pueden realizar, la Defensoría le pidió a las gobernaciones de Antioquia y Chocó, a las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía y a las entidades del Gobierno Nacional, “activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición”.
Así está la frontera con Panamá en el Tapón del Darién
Varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una misión de verificación en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Informaron que evidenciaron la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, instalada para impedir el paso a pie por el camino que conduce al territorio rural panameño.
Más allá de intentar impedir el paso entre países, la Defensoría manifestó su preocupación por la instalación de este tipo de elementos, ya que, la cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar. De hecho, los migrantes lanzaron varios trozos de madera para que el alambre bajara con el fin de seguir su camino y, según la Defensoría, esto deja sus cuerpos expuestos a sufrir laceraciones con las púas. De igual forma, informaron que el cerco de alambres también ha generado afectaciones a las comunidades colombianas de Asti y Capurganá y a las de Puerto Obaldía, en Panamá, pues desde hace décadas utilizan ese paso para el intercambio comercial y cultural.
El tapón del Darién en cifras
Según los datos oficiales del Gobierno de Panamá, entre enero y junio de este año habrían atravesado la selva del Darién poco más de 197.000 personas. Tan solo en el sexto mes del año, cerca de 27.500 migrantes cruzaron la peligrosa frontera selvática. De estos, más de 5.600 de ellos resultaron ser menores de edad. De igual forma, la mayoría de personas que transitan por ese paso fronterizo provienen de Venezuela, Colombia, Ecuador y China, también informaron que las nacionalidades africanas, aunque han disminuído, son bastante comunes.
Crisis hospitalaria a la vuelta de la esquina
La Defensoría también manifestó su preocupación por la capacidad de las redes de salud en los municipios que más migrantes reciben en sus zonas urbanas. Además, manifestaron que hay una enorme incongruencia con respecto a la cantidad de camas hospitalarias que necesitan los territorios y las que se han instalado. Estos son los municipios de Antioquia que más sufren esta situación:
- Turbo: necesita 418 camas, cuenta con 2.
- Apartadó: necesita 309 camas, cuenta con 4.
- Carepa: necesita 162, cuenta con 3.
- Necoclí: necesita 142, cuenta con 2.
- San Pedro de Urabá: necesita 102, cuenta con 2.
