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Gracias a esta nueva ley ya no tendrá que pagar derechos de grado en universidades

Los derechos de grado de en Colombia ya no tendrán costo en estas universidades del país.

Las graduaciones de los niveles medio y superior rondan tienen un costo aproximado de 11 mil 950 pesos por graduado (Dreamstime).
Gracias a esta nueva ley ya no tendrá que pagar derechos de grado en universidades.

El Congreso de la República aprobó una importante ley que cambiará las reglas del juego en las universidades del país. Gracias a esto, los molestos derechos de grado ya no deberán pagarse en ciertas instituciones educativas del país. Los derechos de grado son un obstáculo para varias personas del país que buscan graduarse ya que, en varios casos, estos derechos son un costo alto que debe cancelarse de manera inmediata para obtener el título profesional.

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La Ley 172/23 definió la eliminación del cobro de los derechos de grado en las instituciones de educación superior publicas para los estudiantes más vulnerables del país. Con este proyecto esperan disminuir las barreras económicas que enfrentan los estudiantes de bajos recursos que ingresan a las instituciones de educación superior públicas. Esta iniciativa permitirá que más personas tengan acceso a graduarse con mayor facilidad una vez cumplan con todos los requisitos necesarios de grado según la institución.

La senadora Ana María Castañeda, a través de su cuenta de X, dijo que, “hoy le entregamos al país una nueva ley: gratuidad en los derechos de grado para estudiantes de pregrado de las instituciones públicas. Con esta iniciativa del Representante Silvio Carrasquilla beneficiamos a jóvenes de sectores vulnerables y estamos aliviando la carga financiera de los que ya terminaron su carrera universitaria, y que se ganaron su derecho a graduarse con esfuerzo y dedicación académica, pues con esta ley, ya no tendrán que pagar por él”.

En principio, la Ley beneficiará solamente a estudiantes de los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad que hagan parte de instituciones de educación superior públicas. Por ahora la medida no aplicará a instituciones privadas, pero no se descarta que en un futuro se haga universal la ley.

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